La Fiscalía solicitó ayer la imputación del arquitecto de la obra ejecutada en la calle San Roque de Cádiz, en la que falleció esta semana un trabajador de 48 años que no tenía contrato. El arquitecto tendrá que prestar declaración para determinar si tiene algún tipo de responsabilidad y si ejercía como director de ejecución ya que la obra carecía de la documentación "exigida por Ley" que recoge las visitas o las incidencias, "lo cual ya dice mucho de qué tipo de obra se trata".
En declaraciones a Europa Press, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, aseguró que la actuación en este caso ha sido "más rápida" que en otros porque la construcción "carecía de las más elementales medidas de seguridad" y el fallecido trabajaba sin contrato, por lo que parece "un supuesto típico" en el que "las sospechas de delito son vehementes".
En este momento, están imputados el promotor y los dos constructores de la obra, que se encuentran en libertad con cargos por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la salud de los trabajadores.
Además, el hijo y el sobrino del operario fallecido se encontraban "ayudando" en la obra el día del accidente, por lo que la Fiscalía entiende que "también estaban trabajando sin contrato" puesto que "allí no tiene que estar nadie ayudando", sentenció.
Como parte del procedimiento, para la Fiscalía, -que aún no ha acusado a nadie- es "patente" que la obra carecía los medios de seguridad. El arquitecto tendrá ahora que prestar declaración porque, si se demuestra que ejercía como director de ejecución de la obra, "que se nos ha dicho que sí, tendrá que responder como los empresarios".
Según Ayuso, la cuestión no está clara porque la obra tampoco tenía la documentación exigida "por Ley", como un libro de visitas e incidencias. "Cuando la Inspección, la Policía o la Fiscalía va a una obra y pregunta, todo tiene que estar documentado y aquí no", por lo que aún no hay certeza de "si había o no había director técnico. Y en eso estamos".
En cualquier caso, Ayuso aseguró que pedirán penas "muy rigurosas" para los responsables y "si hay que pedirla más rigurosa se pedirá", aunque aclaró que, por el momento, la Fiscalía Provincial de Cádiz aún no ha acusado a nadie.
NO CRIMINALIZAR A LA CONSTRUCCIÓN
"Quiero dejar una cosa muy clara, no quiero criminalizar al sector de la construcción, ya que conozco en profundidad" el trabajo de la Federación de Promotores y Constructores de Andalucía, que hacen una labor "extraordinaria en materia de prevención".
Ayuso puntualizó que los empresarios de la construcción son personas "muy responsables", aunque luego hay "otros señores que dicen que son empresarios sin serlo" y que tienen "una gran responsabilidad". Se trata, según su experiencia, de personas que tratan de sacar provecho del "boom urbanístico, que sigue habiendo aunque digan que baja" y montan una "pequeña empresa" que "sólo lo es nominalmente, pero que carece de medios".
El promotor elige al contratista y "tiene la obligación de elegir a una empresa solvente" pero "no económicamente, sino técnicamente". Además, el promotor tiene un conocimiento "extraordinario" del sector y "sabe a quién puede contratar y a quién no", pero hay casos en los que "al final prima el ahorro y pasan estas cosas".
Finalmente, la fiscal quiso enviar "un mensaje de ánimo" a los sindicatos, con los que dijo tener una relación "muy fluida" y un convenio de colaboración que están poniendo en marcha y que "no existe en otras comunidades". Además, "Fiscalía y sindicatos queremos lo mismo: siniestralidad cero", sentenció.
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