El sindicato médico CESM-CV informó el lunes de que el Tribunal Supremo ha anulado los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo durante una huelga de quirófanos en 2002 al considerarlos "abusivos".
La organización sindical se pronunció en un comunicado sobre la la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo:
El sindicato indicó que el fallo anula los servicios mínimos de la huelga de 2002 fijados por la Conselleria de Economía "a instancias" del director general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, José Cano Pascual.
CESM-CV aseguró que la sentencia "admite" los argumentos planteados por la organización y establece una serie de "principios básicos" que los responsables sanitarios valencianos "harían bien en tener en cuenta de cara al futuro".
Siempre que se convoca una huelga debe efectuarse una "ponderación de intereses", de modo que la limitación que suponen los servicios mínimos esté justificada por la protección de un bien de rango superior, señala la resolución judicial.
En el caso de los paros convocados en esa fecha, "no cabe hablar de un riesgo para la salud que obligue a mantener abiertos los quirófanos programados porque, en caso de necesidad de asistencia inmediata o no diferible, ésta sería proporcionada por los quirófanos de urgencia", apunta el fallo.
"Las molestias que a los usuarios puede causar el paro de los quirófanos programados no ponen en peligro grave su salud, aunque suponen un trastorno sin el cual la huelga sería ineficaz como instrumento de reivindicación", agrega el fallo, que asegura que, por esta razón, la Generalitat "incurrió en vulneración del derecho de huelga".
Tras conocer la sentencia del Supremo, los médicos subrayaron que "siempre" han tratado de "utilizar de modo responsable el recurso a la huelga", un derecho que han ejercido "solo cuando se han cerrado todos los cauces de diálogo".
"Lo que resultaba intolerable -insistieron- es que la Administración sanitaria valenciana, amparada en la más absoluta impunidad, atentara nada menos que contra los principios de convivencia sobre los que se apoya la democracia española".
El sindicato espera que la Conselleria de Economía y la de Sanidad "reconozcan públicamente su error" y "depuren las correspondientes responsabilidades".
CESM-CV recurrirá ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a conceder las indemnizaciones solicitadas, fijadas en 30.000 euros por día de huelga.
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