17 de noviembre de 2024
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Juzgan a un directivo de de la factoría Coca-Cola de Sevilla por acoso sexual a una trabajadora

Juzgan a un directivo de de la factoría Coca-Cola de Sevilla por acoso sexual a una trabajadora

El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla juzgó ayer lunes a un responsable de uno de los departamentos de la factoría de Coca-Cola en Sevilla acusado de un presunto delito de acoso sexual a una administrativa, subordinada a él laboralmente, para el que la Fiscalía de Sevilla solicita una pena de un año de prisión y una multa de 18.000 euros.

Los hechos, según el escrito de acusación del fiscal, tuvieron lugar cuando el procesado, que responde a las iniciales L.F.V.C., supuestamente "aprovechando la relación laboral continuada" con la presunta víctima, S.R.P., comenzó a realizarle "de forma continuada" manifestaciones sobre su aspecto físico, tales como "que era muy guapa".

Estos comentarios "fueron elevándose" hasta alcanzar un "contenido sexista", ya que presuntamente en verano de 2000 llegó a proponerle en varias ocasiones "ir de copas" e incluso "irse de vacaciones" juntos, mientras le decía que "tenía pinta de viciosa y leona", además de otros comentarios de tono más elevado.

De este modo y, según el fiscal, pese a que S.R.P. "siempre manifestaba al inculpado su desagrado por dicha actitud", éste presuntamente llegó a "llamarla en varias ocasiones a su teléfono móvil", fuera del horario de trabajo.

Como consecuencia "del trato degradante y humillante recibido del acusado", la trabajadora sufrió un trastorno por estrés postraumático, seguido de un trastorno adaptativo con sintomatología mixta ansiosa, quedándole como consecuencia "un trastorno depresivo mayor".

Para el fiscal los hechos constituyen un presunto delito de acoso sexual y otro de lesiones, por los que reclama un año de prisión y una indemnización de 18.000 euros por las secuelas provocadas a la víctima. Asimismo, reclama las medidas cautelares oportunas contra el inculpado y la empresa, como responsable civil subsidiaria.

Por su parte la defensa de la trabajadora reclama, al igual que el fiscal, un año de prisión, si bien la indemnización que solicita se eleva hasta los 60.000 euros por daños físicos, psíquicos y morales.

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