La Comisión Europea adoptó el martes una proposición de directiva para reducir los obstáculos a la movilidad laboral dentro de la UE mediante la preservación del derecho de los trabajadores a recibir una pensión complementaria y la fijación de las percepciones mínimas, a fin de mejorar el acceso de los trabajadores a estas pensiones.
La proposición, que recoge la mayoría de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en junio pasado, pide una mayor claridad para garantizar que los trabajadores en el exterior reciban un trato equitativo en cuanto a retribución de sus pensiones complementarias y apuesta por mejorar el acceso de los empleados a la información útil y oportuna, según informó en un comunicado.
En última instancia, la propuesta persigue que los trabajadores que decidan ejercer un trabajo en el extranjero 'no sean castigados'. Para el comisario de Empleo del Ejecutivo comunitario, Vladimir Spidla, 'el texto modificado subraya la determinación del Parlamento Europeo, de Consejo (de la UE) y de la Comisión a eliminar las trabas a la movilidad laboral de los trabajadores en Europa'.
Incidió en que 'uno de los mayores desafíos de Europa radica en hallar un buen equilibrio entre la reducción de obstáculos a la movilidad y mantener un entorno estable y viable para desarrollar el régimen de pensión complementaria' y que 'permitir a los trabajadores desplazarse libremente por Europa y en los mercados laborales nacionales sin perder los derechos importantes de pensión profesional es un buen ejemplo de 'flexiguridad'', la política impulsada por Bruselas para compaginar seguridad y flexibilidad laboral.
La Comisión reconoció que finalmente desistió de modificar transferencias de los derechos complementarios o regímenes de pensiones 'que ya están cerrados a los nuevos miembros' de la UE de la directiva, explicó Spidla, 'porque es urgente mejorar los derechos de los trabajadores' y 'para no arriesgar un nuevo retraso' en su adopción 'al querer alcanzar todos los objetivos a la vez'.
Los Estados miembros deberán ratificar la proposición de directiva y posteriormente recibir el segundo visto bueno del Parlamento Europeo. Tal y como recoge el proyecto de ley, la Comisión Europea reexaminará las cuestiones relativas a las transferencias en su primer informe para evaluar los resultados de la directiva adoptada en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor.
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