El nuevo marco jurídico para los autónomos no ha acabado tampoco con una cuestión que les enfrenta desde hace años con las Cámaras de Comercio.
Cada año, estas entidades, a las que los autónomos deben afiliarse obligatoriamente para poder ejercer su actividad, recaudan de los trabajadores del sector ciertas cantidades vinculadas con la declaración de las rentas personales y con el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Desde hace tiempo, los autónomos luchan por eliminar esta obligatoriedad de afiliación y han legado a plantearlo en los tribunales, como es el caso de OPA, aunque al final, una sentencia del Tribunal Constitucional dictada hace diez años, dio la razón a las Cámaras, que siguen cobrando un 2 por 1000 de los ingresos netos del autónomo en concepto de IRPF y 9 euros anuales vinculados con el IAE, según explicó a ABC el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
«Nosotros siempre nos hemos opuesto a la obligatoriedad de pertenecer a las Cámaras, porque rompe el principio de libre asociación, recogido en nuestra Constitución. No se nos puede obligar. En Europa no es forzoso afiliarse, como ocurre aquí», explica Amor.
«Siempre hemos sostenido que la afiliación debe ser voluntaria, como es voluntario afiliarse a CEOE, a UGT o a Comisiones, pongo por caso y más a unas organizaciones, como las Cámaras, en las que los autónomos no se sienten representados, en cuyas elecciones no participan y más cuando tienen otras entidades que les dan los mismo servicios de manera completamente gratis», explica el presidente de ATA, que añade que «el argumento de las Cámaras de que nadie se apuntaría si no fuera obligatorio, deja en entredicho su profesionalidad. Si fueran útiles y eficaces no tendrían problemas», asegura.
La situación ha generado un movimiento generalizado de rechazo al pago de esas cantidades, explica Lorenzo Amor, que hace unas semanas ha recibido una providencia de apremio para que abone estas cantidades y se queja de que las Cámaras tengan acceso a los datos de IRPF de los autónomos.
La reivindicación de la voluntariedad de afiliación a estas entidades públicas es común a todas las organizaciones representativas del sector. Desde Asnepa, su presidente Pedro Mezquida, subraya que no se trata de una cuestión de cantidades, ya que el coste es mínimo, sino de obligatoriedad y servicios recibidos de las Cámaras. «Además de la cuota, las Cámaras cobran por cada uno de los servicios que les requerimos. No facilita nada sin cobrar», subraya para añadir que la anulación de la obligatoriedad de afiliación no se incluyó en el Estatuto porque este «estaba pactado en sus contenidos y no se iban a incluir cuestiones que no interesaran a UGT o a otras organizaciones».
Para el presidente de OPA, Camilo Abiétar, el Estatuto debió atender esta reivindicación permanente de los autónomos, que han llevado el asunto a los Tribunales y han organizado campañas de recogida de firmas para anular la obligatoriedad de inscripción.
«El Estatuto del Trabajo autónomo no lo recoge y debió haberlo hecho. No tiene sentido que nos obliguen a pertenecer a una entidad que, por ley, dedica el 80%de sus ingresos al comercio exterior, algo a lo que muy pocos autónomos se dedican», señala Abiétar, que denuncia también que las Cámaras acumulan normalmente varios recibos para luego presentarlos al cobro todos juntos utilizando la vía de apremio.
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