Los sindicatos esperan un juicio ejemplar dos años después del accidente de la A-7

Todos los obreros de la provincia, que cada día se suben a un andamio sin mirar a qué distancia queda el suelo, no pueden aún respirar tranquilos. El mayor accidente laboral de la historia granadina todavía no está resuelto. Ayer se cumplieron dos años de la trágica muerte de seis trabajadores por el desplome de parte de la estructura metálica del puente de la Autovía del Mediterráneo (A-7) y sus familiares no saben qué falló ni a quién pedir explicaciones.

Desde Comisiones Obreras se preguntan por qué el Caso Malaya y el 11-M -procesos mucho más complejos- avanzan más rápido que el caso que investiga qué hizo que aquella pieza se desplomara y dejara seis cuerpos sin vida.

La investigación aún no ha determinado qué causó la mayor catástrofe laboral de Granada y qué no debe volver a pasar jamás. UGT y CC OO, personados como acusación particular, esperan un juicio ejemplar para que nunca más vuelva a repetir una tragedia como esta y menos en una obra pública «que debe ser ejemplo en seguridad» y de prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos confían así en que pronto concluya la fase de instrucción y se abra un juicio oral del que esperan mucho. Depurar responsabilidades y que sirva para dejar claro «que una obra pública debe ser ejemplo en todo, por supuesto en medidas previas de seguridad y en la ejecución», en palabras de Francisco Ruiz Ruano, responsable de Construcción de UGT.

Tras un primer año de ardua instrucción centrada en la petición de informes, la reconstrucción de los hechos y la citación de testigos, en los últimos doce meses el juez ha imputado y tomado declaración a responsables del Ministerio de Fomento y de las empresas encargadas de la ejecución de la obra.

Para UGT, la instrucción ha puesto de manifiesto indicios evidentes de que faltaron medidas de seguridad en la obra. «Nuestro objetivo es que se sepan cuáles fueron los motivos del accidente, que se saquen conclusiones para que no vuelvan a ocurrir, que se depuren responsabilidades y que la Administración y las constructoras tomen medidas correctoras», afirmó el sindicato.