La Comisión Europea ha hecho oídos sordos a la petición presentada por los sindicatos de la UE en favor de una normativa específica sobre servicios públicos, al considerar que el futuro Tratado de la Unión será un marco adecuado y suficiente para regularlos.
Los sindicatos europeos y organizaciones de la sociedad civil habían pedido a Bruselas una Directiva para proteger los servicios públicos de las normas que se aplican en el mercado interior.
El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, explicó en rueda de prensa que el protocolo sobre "servicios de interés general", que se incorporará como anexo al Tratado, garantizará a los servicios públicos el reconocimiento que sindicatos y otras organizaciones reclaman.
El citado protocolo "tendrá el mismo rango jurídico que el Tratado, incluso por encima de una Directiva", señaló Barroso, quien subrayó que ello garantizará la supervivencia de esos servicios.
Sin embargo los sindicatos mostraron ayer en un comunicado su "decepción" por la decisión de Bruselas, al considerar que la Comisión "ha perdido la oportunidad de garantizar que los servicios públicos sean lo suficientemente respetados".
El secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, afirmó que tras la decisión "la Comisión será acusada de considerar los servicios públicos como una derogación a las normas del mercado interior y como promotora de una mayor liberalización y privatización".
La CES indicó además que ha pedido a Bruselas "un esfuerzo mucho mayor para remediar esa percepción, así como la puesta en marcha del prometido análisis de los efectos de la liberalización".
La solución de Bruselas a los servicios públicos se anunció en una rueda de prensa en la que Barroso y los responsables de Empleo y Mercado Interior de la CE -Vladimir Spidla y Charlie McCreevy, respectivamente- presentaron tres informes que pretenden sentar las bases de lo que será el futuro mercado único comunitario.
Barroso se centró en particular en explicar los motivos por los que Bruselas optó por no tener en cuenta a los sindicatos en la propuesta de crear una normativa específica sobre servicios públicos, petición que la CES había acompañado de 510.000 firmas presentadas ayer a la Comisión.
En particular señaló que una directiva de esas características "nunca podría estar a la altura de la gran variedad de sistemas que existen en Europa", y que ni los países ni el Parlamento Europeo alcanzarían jamás un consenso sobre la misma, por lo que proponerla sería "una pérdida de tiempo".
El informe sobre servicios de interés general adoptado ayer define los mismos como aquellas actividades que son esenciales en la vida diaria de los ciudadanos y las empresas y que reflejan el modelo social europeo.
Esos servicios engloban, entre otros, la energía, las telecomunicaciones, los transportes, la educación, la sanidad y los servicios sociales.
El informe precisa que el protocolo del Tratado reconoce "un papel esencial y gran margen de maniobra a las autoridades nacionales, regionales y locales para la gestión de servicios de interés económico general" y el respeto a la diversidad de situaciones en la UE.
También consagra, añade el informe, "la garantía de igualdad de trato y la promoción del acceso universal" y deja claro que los servicios de interés general no económicos no se pueden someter a las reglas de la competencia.
Por otra parte, el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, recordó que la CE está preparando una propuesta legislativa sobre servicios sanitarios, para facilitar el derecho de los pacientes a recibir tratamiento en cualquier estado miembro.
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