El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha desvelado hoy que el sindicato prepara para la próxima legislatura una propuesta para el establecimiento de una Ley Integral para la Prevención de Riesgos Laborales que incluya, entre otras cosas, la unificación de los ámbitos judiciales.
Junto a esta medida, Méndez considera 'imprescindible' la creación de una policía judicial especializada en materia de accidentes laborales y el establecimiento de un registro de procesos judiciales que permita su evaluación así como su efecto en la evolución de la accidentalidad laboral.
Méndez avanzó esta propuesta ante cerca de un millar de delegados en la apertura de la V Jornada Sindical sobre prevención de riesgos laborales de UGT-Madrid, en la que también participó el secretario general del sindicato en la región, José Ricardo Martínez; la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, y la secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino.
'Consideramos que debemos dar un paso más en relación con las normas de riesgos laborales y debatir en la próxima legislatura la posibilidad de crear una ley integral', ha indicado el líder confederal.
Explicó que el objetivo de esta propuesta es superar la actual dispersión del marco legal, dar una visión global a la lucha contra los accidentes laborales, y unificar las políticas de formación, educación, prevención y sanciones en el ámbito del riesgo laboral.
A la vez, ha explicado Méndez, se atendería 'una demanda muy importante que plantean los ámbitos judiciales que es unificar la jurisdicción: la civil, la contencioso-administrativa y la social, para accidentes laborales (la penal se debe mantener aparte por su propia naturaleza)'.
De los avances conseguidos en esta materia en el último año, Méndez destaca la Ley de Subcontratas, la promulgación del Estatuto de los trabajadores autónomos, la normativa para aflorar las enfermedades laborales y el Protocolo Marco de colaboración entre los distintos organismos de la Administración General del Estado, que afecta a jueces, fiscales, inspección de trabajo y policía judicial a fin de perseguir los delitos.
Entre ellos, Méndez aprecia como 'la mejor noticia para la salud de los trabajadores' la creación de una Fiscalía Especial.
Aún así, el sindicalista considera que hay que motivar más a los jóvenes para que quieran ser inspectores y valorar su trabajo, porque, dijo, 'se están convocando plazas y se quedan sin cubrir'.
Asimismo, encuentra necesario ver qué sucede al término de un proceso judicial interpuesto a causa de un accidente grave, puesto que ahora 'nos faltan indicadores para conocer el impacto' de los mismos y tampoco hay datos sobre el cumplimiento de las sanciones y pago de multas.
Este año han muerto 113 trabajadores, uno cada dos días, apuntó José Ricardo Martínez, para añadir que 'son muertes evitables' y advirtió que 'no dudará si, para hacer cumplir las normas a los empresarios hay que hacerles sentir un poco acosados'.
Soledad Mestre, por su parte, valoró especialmente el convenio que facilita el trabajo conjunto de Administración, policías, judicatura y agentes sociales y señaló que la delegación del Gobierno se siente 'totalmente involucrada, y sin duda, comprometida hasta el final en la persecución de los delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores'.
Además, la jornada contó con expertos como Juan Manuel Oña, Fiscal de Sala coordinador en materia de accidentes laborales; Celima Gallego, jefa del servicio de Planificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el director general de Trabajo, Javier Vallejo, entre otros.
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