Tercer asalto que observa el PP gallego, en no mucho tiempo, en las contrataciones efectuadas por la Consellería nacionalista de Cultura. La nueva 'infracción ilegal', tras las ya denunciadas a tenor de trabajadores del Instituto Gallego de las Artes Escénicas y Musicales (Igaem) y la Ciudad de la Cultura, ahora es en la red de museos donde el portavoz de Cultura del PP, Ignacio López-Chaves, asegura que 'hay personal trabajando sin ser dado de alta en la Seguridad Social', en concreto, en el Museo Arqueológico de Orense.
El sindicato Comisiones Obreras denunció con anterioridad esta situación al 'detectar la presencia de un número indeterminado de empleados' que se incorporaron al plantel del museo 'sin que el comité fuese informado', y haciendo de altavoz de esa demanda, López-Chaves recordó, en un comunicado, que la actuación del departamento que pilota Ánxela Bugallo en el museo orensano es 'doblemente irregular', ya que se trata de una Administración pública que realiza un proceso de selección 'a dedo' y tejiendo una red 'clientelar', 'sin hacer uso del expediente' de cada empleado.
El portavoz popular aclaró que reclamará las explicaciones pertinentes en la tarima parlamentaria, porque esta actuación 'insólita' que está cometiendo la Administración gallega 'favorece la economía sumergida' contra la que dice luchar y mantiene, de forma 'abusiva', a trabajadores sin cotizar a la Seguridad Social.
Por otra parte, también vía nota pública, el BNG informó de que ha registrado una proposición no de ley en el hemiciclo gallego en la que se insta a eliminar de todos los centros educativos y otros edificios públicos donde aún queda algún resquicio de la dictadura franquista la simbología y los nombres que hagan referencia a esa época y 'que exaltan -esgrime el Bloque- un régimen opresor que se caracterizó por la falta de libertades y que promovió valores totalmente opuestos a los democráticos'.
Los diputados que rubrican la proposición, Manuel Parga y Xosé Ramón Paz, urgen a que es necesario 'aplicar con rapidez' estas disposiciones, máxime tras la aprobación reciente de la Ley de Memoria Histórica en las Cortes.
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