UGT de Cataluña pidió ayer un endurecimiento de las sanciones para las empresas que no cumplan con las cuotas de reserva que establece la ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi).
En un informe sobre la situación de los discapacitados en Cataluña, el sindicato recordó que un 5,3% de la población catalana sufre algún tipo de minusvalía, pero que la contratación de estas personas sólo supone un 0,3% del total.
El informe revela que el aumento de la población con alguna discapacidad no es proporcional al incremento de las políticas dirigidas a proporcionar mayor visibilidad a este colectivo.
La contratación de minusválidos suele darse en condiciones de precariedad, sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes o mayores de 45 años, y muchas empresas se acogen a medidas alternativas para evitarla.
La ley obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a respetar una cuota del 2% de empleados con alguna discapacidad o a cumplir con medidas alternativas, que, a juicio de UGT, acaban siendo una forma de incumplimiento de la responsabilidad social y legal, no sólo de las empresas, sino también de las administraciones.
UGT destacó también en su informe que ha aumentado la temporalidad laboral en este colectivo.
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