Llegó un momento en el que María Iglesias explotó: trabajaba tres veces más de lo que ponía su contrato, sábados, domingos y festivos incluidos; tenía un sueldo de poco más de 500 euros; enfermó de depresión… «Últimamente ya no vivía, solo iba a mi casa a dormir», dice. Ahora, el juez condena a la pizzería en la que trabajaba en Padrón a indemnizarle. Recibirá 24.000 euros por las horas extraordinarias que hizo en el 2006 y no cobró.
Llegó a estar de baja por depresión, se reincorporó, intentó llegar a una solución pactada con la empresaria, pero no hubo forma. Según dice, su jefa aceptaba ampliar su contrato laboral de media jornada a jornada completa solo si ella aceptaba trabajar unas quince horas diarias.
Al final, acudió a Comisiones Obreras (CC. OO.) y, tras un año, el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago, le dio la razón.
Lo que quedó demostrado fue que trabajaba una media de 66 horas semanales, aunque en su contrato estaban estipuladas 20, porque era indefinido a media jornada. Se pasaba en la pizzería desde las doce del mediodía hasta la una de la madrugada con descanso entre las cinco y las siete de la tarde, entre martes y domingo. El convenio colectivo de la hostelería, explican en Comisiones, establece en 12,69 euros el precio de la hora.
Pero algo así nunca le había pasado a María Iglesias, que tiene 37 años y dice que lleva «toda la vida» trabajando en el sector. Estuvo de baja seis meses, volvió a su empleo y ahora sigue de baja.
Ya existen otras sentencias de este tipo. Pero en este caso, fue la empresa la que tuvo que intentar demostrar en el proceso judicial que la trabajadora no hacía las horas extras que decía. Normalmente, sucede lo contrario, de ahí la dificultad de que los hechos queden probados. La abogada del sindicato aportó como prueba otras sentencias, además de partes médicos y testigos que reforzaron la versión de Iglesias.
La propia trabajadora asegura que por ese establecimiento han pasado unos trece empleados diferentes en apenas dos años. Un día normal, allí trabajan una camarera y una cocinera. Según María Iglesias, las difíciles condiciones laborales llevaban a los contratados a abandonar el establecimiento. Ella estuvo allí desde octubre del 2004.
«Sí, tiene que sentar precedente», afirma la responsable de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, Isabel Castaño. «Tenemos esperanzas de que haya más gente que denuncie», añade. La propia María Iglesias lo dice: «Yo animo a la gente a que denuncie».
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