Los graduados sociales prestarán servicios jurídicos gratuitos en materia laboral y de seguridad social a través de la Red Regional de Oficinas Judiciales de la Comunidad de Madrid, en virtud del acuerdo suscrito hoy entre el vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, y la presidenta de este colegio profesional, María Antonia Cruz.
A través del convenio, el Ejecutivo autonómico se compromete a financiar económicamente este servicio y proporcionar al colectivo las dependencias adecuadas para realizar su asesoramiento, como el equipamiento informático, el material de oficina y el mobiliario.
Esta Red Regional se distribuye en municipios que no constituyen sede de partido judicial, así como en los veintiún distritos de la capital. Precisamente en uno de los distritos de Madrid, en Chamberí, está ya en pruebas el servicio relativo a los graduados sociales, que se extenderá al resto de Oficinas en cumplimiento del citado acuerdo.
Tras plasmar su firma en el convenio, el consejero subrayó que este proyecto, pionero en España, supone "la presencia de los graduados sociales en las Oficinas Judiciales de la región", cuyo objetivo, según Prada, es "acercar la Administración de Justicia al ámbito vecinal, prestando servicios de asesoramiento jurídico y asistencia psicológica".
SERVICIOS A MUJERES MALTRATADAS
Estas Oficinas prestan a los madrileños diversos servicios, entre ellos destaca el ofrecido a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. De hecho, un total de 3.035 mujeres maltratadas acudieron a estas instalaciones para recibir ayuda social.
El resultado de este proyecto regional fue "tan bueno", según Prada, que la Comunidad acordó ampliar sus prestaciones a otros ámbitos, como el de los graduados sociales, integrados por unos 2.000 colegiados en la región.
Por su parte, María Antonia Cruz agradeció el empeño del Gobierno de Esperanza Aguirre por alcanzar un acuerdo en esta ámbito, al suponer "un hito para la profesión de los graduados sociales".
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