Aunque se trata de un conflicto laboral, está ligado a la atención a los menores extranjeros, un fenómeno que sorprendió a la sociedad vizcaína en 2001 y aún hoy pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Aquel año, el número de jóvenes extranjeros que llegaban al territorio histórico pasó de 59 a 371. Ante la saturación del centro de Loiu, 30 chavales fueron trasladados al colegio Gabriel María de Ybarra en Orduña. Hacían falta educadores, pero los trabajadores que estaban en las listas se negaron a cubrir esos puestos.
La tensión que se vivía en Loiu se reprodujo, con más intensidad, en Orduña. La Diputación logró reunir a quince educadores, once de ellos con contratos de sustitución para el verano. Tras cubrir vacaciones, permisos y bajas, se les hicieron contratos de fin de obra o servicio. Acabaron 'vacunados' contra los insultos y amenazas y los destrozos que encontraban en sus coches. Algunos presentaron una denuncia por agresión y, tras el juicio, volvieron a encontrarse con el mismo chaval en el centro. 'No había un filtro y venían chicos muy conflictivos, con problemas asociados de delincuencia, consumo de drogas y disolventes', recuerdan. 'Había otros con los que se podía trabajar, pero, al estar todos en el mismo terreno, se generaban muchos conflictos'. No les sorprendió demasiado llegar un día a trabajar en marzo de 2004 y encontrar el colegio destrozado tras una batalla campal. El centro cerró meses después y pronto se convertirá en una residencia para discapacitados.
Los menores fueron trasladados a pisos de acogida y, con ellos, los trabajadores. El ambiente mejoró notablemente y pudieron desarrollar sin problemas su proyecto educativo. Lo que no cambió fue su contrato. En 2006 el IFAS convocó una Oferta Pública de Empleo (OPE) con 36 plazas de educadores de menores. De los once procedentes de Orduña, sólo uno aprobó la oposición. Al resto se le comunicó por carta el fin de su contrato en junio de 2007 'de acuerdo a lo pactado'.
Nueve de los afectados presentaron demandas por despido improcedente. Tres de ellos son educadores de origen árabe, un colectivo en el que ningún profesional pasó el examen aunque algunos siguen trabajando en centros de gestión privada. Todos ellos aseguran que no sabían que en la oposición se jugaban su puesto de trabajo, porque sus contratos 'no tenían número de plaza' y tampoco lo especificaban las bases de la OPE. 'Los contratos estaban viciados desde el primer momento', afirma su abogado. Incluso los jueces que han fallado a favor de la Diputación reconocen los errores. En seis casos, concluyen que un contrato celebrado 'en fraude de ley' se convierte en indefinido y condenan a la Diputación a readmitir a los empleados o a pagar alrededor de 50.000 euros a cada uno. Otros tres entienden que la situación se ha regularizado con la oposición, y esto es lo que prevalece. Ambas partes esperan que el Tribunal Superior unifique el criterio.
El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, cree que la situación de los educadores 'desde el punto de vista personal es muy dura, pero es algo que pasa en todas las ofertas públicas de empleo'. Una oposición en la que, según la documentación que maneja su departamento, 'se especificaron los códigos de las plazas' que salían a concurso. El responsable foral reconoce 'la labor' de estos profesionales. Él mismo garantizó su continuidad cuando cerró el centro de Orduña, pero con la perspectiva 'de una oposición. Nos hubiera gustado que se quedaran todos, pero el argumento es perverso. La Administración prima la legitimidad de la convocatoria pública, y no tenemos otro instrumento para hacerlo bien', recalca. Los educadores continúan en la bolsa de trabajo haciendo sustituciones a la espera de que se resuelva el litigio. 'No buscamos una indemnización', afirman. 'Hicimos el trabajo que nadie quería y sólo queremos eso, trabajar'.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.