Obligar a un trabajador a firmar documentos en blanco como condición indispensable para obtener el trabajo constituye un delito contra los derechos de los trabajadores, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo.
Un empresario, en el momento de formalizar los contratos con sus trabajadores, obligaba a éstos a firmar documentos en blanco como requisito para conseguir el puesto de trabajo. Posteriormente, el empresario despidió a tres de estos empleados, quienes demandaron a la empresa por despido improcedente.
En el juicio, el empresario presentó una serie de documentos, supuestamente firmados por los trabajadores despedidos, en los que éstos declaraban haber recibido las cantidades correspondientes por despido a su entera satisfacción y otros de extinción de la relación laboral.
Como los documentos habían sido manipulados por el empresario o alguien a sus órdenes, el Juez de lo Social suspendió la vista y concedió un plazo de ocho días para que los trabajadores interpusiesen una querella criminal contra la empresa por falsificación.
Finalmente, el Tribunal Supremo, por vía penal, condena al empresario, entre otros delitos y responsabilidades de tipo civil, como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, a una pena de prisión de un año y tres meses. Y en materia de responsabilidad civil, se le condena a pagar 9.000 euros a cada trabajador.
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