El importe de las multas propuestas por la Inspección de Trabajo en Cataluña se situó el año pasado en 45,41 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al ejercicio anterior, según el balance presentado el lunes por la consellera de Trabajo de la Generalitat, Mar Serna.
En 2007 se levantaron 9.736 actas de infracción, un 5% más que en 2006, y se paralizaron temporalmente 226 centros de trabajo por riesgo grave e inminente de accidente laboral, lo que representa un incremento del 18%.
Un 94% de las paralizaciones se dieron en la construcción, sector que reunió el 49% de los requerimientos sobre seguridad y salud, y el 31% del total de sanciones económicas propuestas por incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Serna ha recordado que la competencia de inspección de trabajo todavía no ha sido transferida y que los recursos actuales son "insuficientes", aunque ha destacado la mejora de la eficiencia.
En materia de seguridad y salud laboral se detectaron 6.463 infracciones, un 37% más, y se propusieron multas por un importe de 25,62 millones de euros, lo que supone un incremento del 31%.
La Inspección de Trabajo instó el año pasado a la conversión de 8.434 contratos temporales en indefinidos, como en el caso de Nissan Motor Ibérica en la fábrica de la Zona Franca de Barcelona, donde el pasado octubre 465 trabajadores pasaron de eventuales a fijos.
En cuanto a la integración de empleados discapacitados, se llevaron a cabo 848 actuaciones que derivaron en 234 requerimientos a empresas que incumplían la normativa, que establece que las compañías con más de 50 asalariados tienen que reservar el 2% de sus puestos de trabajo a personas con alguna minusvalía.
En este ámbito se detectaron 51 infracciones, mientras que en el marco de la Ley de Extranjería se visitaron 8.075 empresas y se comprobó que 1.625 inmigrantes trabajaban sin permiso.
Estas actuaciones se tradujeron en la imposición de multas por valor de 11,2 millones de euros, según ha anunciado Serna, quien ha animado a la ciudadanía a denunciar los casos de contratación de inmigrantes sin papeles.
La consellera ha admitido que en las obras del AVE a su llegada a Barcelona se contabilizaron requerimientos y paralizaciones, pero ha negado que el incremento de la actividad inspectora y sancionadora del año pasado se deba directamente a las supuestas "prisas" a la hora de concluir esta infraestructura.
La Federación de Construcción de CCOO en Cataluña denunció el pasado 1 de febrero ante la Inspección de Trabajo al Ministerio de Fomento, a Adif y a la constructora Sacyr por obligar a trabajar en dos turnos de doce horas los siete días de la semana a los trabajadores de las obras del AVE en Barcelona.
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