El Obispado de la Diócesis de Canarias deberá pagar 24.000 euros a dos profesores de religión, uno de ellos una docente despedida siete veces, por los daños morales causados, según el Tribunal Superior de Justicia canario, informó ayer la Confederación Canaria de Trabajadores.
La citada profesora de religión recibirá además otros 6.000 euros de indemnización al existir otra sentencia a su favor del Juzgado de lo Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que condena al Gobierno canario a abonar esa cantidad por los daños morales causados, así como a su readmisión en su puesto de trabajo por entender que su despido fue nulo.
El profesor de religión y miembro de la mencionada Confederación Rafael Ramírez Santana informó el miércoles de estas sentencias favorables a la profesora Araceli del Carmen Gómez, y a él mismo, en una rueda de prensa en la que solicitó al nuevo Gobierno central que se revisen los acuerdos del Estado y la Santa Sede de 1979.
Ramírez aseguró que la jerarquía de la Iglesia Católica utiliza esos acuerdos para vulnerar los derechos fundamentales de los profesores de religión.
Manifestó que en el Archipiélago son muchos los profesores que han sido objeto de despido nulos y que, pese a que los Obispados de las dos diócesis han sido condenados por ello de manera reiterada, la situación persiste.
El Tribunal Superior canario ordena además la readmisión en sus puestos de trabajo, después de que fueran despedidos por su participación en una huelga celebrada en 2000, que fue calificada por el anterior obispo de la Diócesis de Canarias Ramón Echarren como ‘éticamente’ incorrecta’, recordó Ramírez.
En el caso de Gómez, la Sala reconoce que se ha vulnerado su derecho a la libertad sindical y a la tutela judicial efectiva, explicó Ramírez.
La Consejería de Educación ha recurrido la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 2 y apuntó que seguramente será el Obispado el que resulte condenado por la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Social.
Ante esta situación, Ramírez afirmó que el nuevo Gobierno de España tiene la obligación de defender a los profesores de religión, pues es un empleado público y ‘la administración debe defender y salvaguardar’ sus derechos fundamentales.
‘El Gobierno no puede mirar para otro lado porque existan otros intereses y debe resolver problemas como estos’, subrayó Ramírez, quien señaló que quedan otros despidos por resolver, y se preguntó si ‘no son suficientes’ las sentencias dictadas para decir: ‘se acabó’, pues se justifican actuaciones en contra de la Constitución.
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