La defensa de Marbar, la empresa de la localidad pontevedresa de Tomiño cuyo único administrador permanece en paradero desconocido desde el pasado 21 de enero mientras que sus 56 trabajadores fueron despedidos, pidió ayer que el caso pase de los Juzgados de lo Social a los de lo Mercantil, donde hay una demanda de proceso concursal presentada, al tiempo que consideró que los despidos fueron «procedentes» debido a la insolvencia de la empresa tras la fuga de su único administrador, Manuel Martínez Barros.
El Juzgado de lo Social número cinco de Vigo acogió ayer las dos primeras vistas por los despidos de los trabajadores de Marbar, debido a la denuncia presentada por un total de 47 trabajadores, quienes piden que se considere el «despido improcedente» y se les reconozca la antigüedad, por lo que las indemnizaciones podrían ascender a los 700.000 euros para el total de denunciantes.
En las sesiones de ayer, en las que se celebraron los juicios correspondientes a las empresas Granitos Tebra, con cinco trabajadores, y el aserradero de Granite 99, con otros cinco operarios, la parte denunciante aportó pruebas para demostrar que las 4 empresas de Barros no funcionaban de forma aislada sino que pertenecían a un grupo empresarial, con el objetivo de buscar una «responsabilidad solidaria» entre los distintos negocios.
Asimismo, la persona que llevaba la contabilidad de todas las compañías declaró como testigo y afirmó que, físicamente, existía «una sola caja» para todas las empresas aunque cada una tenía su contabilidad separada. También manifestó ser conocedora de que hubo casos de trabajadores contratados por una empresa pero que prestaban servicios en otra.
También prestó declaración ante la jueza el apoderado e hijo del dueño, Marcos Martínez, quien explicó que sus funciones en la empresa era revisar las obras y realizar algunas tramitaciones en el Ayuntamiento o presentar documentos en los registros, si bien desconocía detalles de la contabilidad de la empresa o si había trabajadores que pasasen de unas a otras.
Empresa
Por su parte, el abogado de la empresa, Ramón Pena, admitió que Barros está «desaparecido» y explicó que, debido a que las instalaciones del grupo están cerradas, no ha tenido acceso a la documentación que se encuentra en sus oficinas. Asimismo, aclaró que no había conocido al administrador, si bien entendió que el hombre «se vio en dificultad» y, a pesar de que pudo haber decidido iniciar un concurso debido a los problemas económicos, optó por algo «drástico», en referencia a su huida.
El letrado recordó que el pasado 18 de marzo el Banco Gallego, uno de los acreedores de las empresas de Barros, presentó una demanda de proceso concursal en el Juzgado de lo Mercantil, por lo que estimó el asunto de los despidos también debería ser competencia de éste.
Por otra parte, admitió que Marbar era «de hecho» un grupo de empresas, a pesar de que no estaba registrado como tal y pidió que los despidos de los trabajadores sean considerados «procedentes», puesto que se produjeron debido a una situación de insolvencia económica. También solicitó, de manera subsidiaria, que los salarios de tramitación se calculen hasta el momento en que los trabajadores consiguieron un nuevo empleo, puesto que alrededor del 80 por ciento de ellos han conseguido otros empleos.
Por su parte, el letrado del Fondo de Garantía Salarial asumió la mayoría de las antigüedades que reclamaban los demandantes a excepción de dos casos puntuales. Además, se mostró en desacuerdo con la petición de la defensa de la empresa de pasar el caso a lo Mercantil, puesto que la opción «no haría sino retrasar» el proceso, y, por tanto, el cobro de las indemnizaciones por parte de los trabajadores.
Denunciantes
Por otro lado, el abogado de la CIG y representante de la parte denunciante, Roxelio Fernández, aclaró, en cuanto a sus reclamaciones por la antigüedad de los trabajadores, que se tuvo en cuenta la primera que figuraba en la vida laboral de éstos debido a que posteriormente, hubo «encadenamientos fraudulentos» de contratos en las distintas empresas.
También consideró que quedó probado el hecho de la existencia de un grupo empresarial como «una unidad productiva con un funcionamiento integrado» al tiempo que entendió que está «justificada» la competencia del Juzgado de lo Social en la materia y no la del Mercantil que solicitó la empresa. Debido a la alegación del abogado de Marbar, la magistrada que lleva el caso tendrá que ponerse en contacto con la Fiscalía para que valore el asunto, lo que, según Roxelio Fernández, provocará que se «retrase» la sentencia.
En declaraciones a Europa vPress, posteriores a la celebración del juicio, el letrado de los demandantes se mostró «optimista» en cuanto a la consecución de los objetivos de la demanda de despido. Según estimó, en el caso de los 47 trabajadores se reclama un importe de alrededor de 700.000 euros, de los que alrededor de 300.000 euros podrían corresponder a los diez demandantes de las vistas de hoy.
Por su parte, los trabajadores de Marbar continúan haciendo guardias las 24 horas en las instalaciones, con el objetivo de vigilar los activos de la empresa ante la posibilidad de que sean sustraídos. «Esperamos sacar algo de estos juicios porque no vemos una solución concreta», según explicó uno de los afectados, Rafael Rodríguez, quien consideró que la situación «está muy mal».
El próximo uno de abril el Juzgado de lo Social número cinco de Vigo acogerá los dos últimos juicios por despido de trabajadores de Marbar, con 22 demandantes en un caso y 15 en el otro.
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