El Tribunal de Cuentas señala que el Instituto Social de la Marina efectuó pagos por importe de 503.517,8 euros a cuatro pensionistas fallecidos entre 1987 y 1999, pudiendo haber prescrito el derecho a reclamar un total de 308.385,8 euros.
Así consta en el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina durante el año 2015 emitido por el Tribunal de Cuentas, que requirió ese año a esta institución la realización de una prueba de vivencia a las personas beneficiarias.
Según detalla el órgano fiscalizador en su informe, la Dirección Provincial de Cádiz abonó a dos pensionistas –uno fallecido en octubre de 1997 y otro en marzo de 1999– 125.278,3 euros; la Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa hizo lo propio a otra pensionista fallecida en enero de 1987 por 165.058,7 euros, mientras que la Dirección Provincial de Huelva abonó indebidamente a una pensionista, fallecida en febrero de 1999, un importe de 119.524,5 euros.
SIN CONTROL SOBRE SI LOS BENEFICIARIOS VIVEN
Según señala el Tribunal, el Instituto de la Marina no tiene establecido un procedimiento para la realización de un control de vivencia sobre los beneficiarios de una pensión, más allá de los controles establecidos sobre perceptores de mínimos por residencia y sobre pensionistas residentes en el extranjero.
De la cuantía indebidamente abonada, advierte el Tribunal, se han podido recuperar en los últimos cuatro años 126.875,8 euros mediante el sistema de retrocesión bancaria, y otros 68.256,1 euros a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Entre 2012 y 2015, señala el órgano fiscalizador, las deficiencias en el control de fallecidos han ocasionado la prescripción del derecho a reclamar a las entidades financieras un total de 403.582,7 euros, al haber transcurrido más de cuatro años entre el fallecimiento y su detección.
El 92% de las direcciones provinciales del Instituto de la Marina manifestaron al Tribunal no recibir de las entidades financieras colaboradoras la comunicación anual sobre la pervivencia de sus pensionistas. Así, hasta un total de ocho personas que figuraban como fallecidos continuaban como preceptores en la nómina de prestaciones.
LA MARINA Y LA SEGURIDAD SOCIAL NO DAN LOS MISMOS DATOS
El órgano fiscalizador atribuye estas «deficiencias» a las carencias de información sobre defunciones remitida por el Instituto Nacional de Estadística y también a que los criterios establecidos para efectuar el cruce informático no garantizan que, a partir de esta información, se puedan detectar y dar de baja a todos los pensionistas fallecidos.
Asimismo, denuncia carencias en la aplicación informática utilizada por el Instituto de la Marina –no conserva la información histórica de la deuda, entre otras– así como la ausencia de un manual interno en esta institución para tramitar los deudores de cobros indebidos que incluyera controles, criterios de gestión o custodia de la documentación.
También advierte de las diferencias entre la información proporcionada por esta institución sobre las deudas remitidas a la Seguridad Social y las que ésta última informa estar gestionando para el Instituto, pues si bien el primero mantiene en su inventario 463 expedientes por un importe de 1,063 millones de euros, la Seguridad Social afirma estar gestionando 2.231 expedientes por un valor de 190.395,1 euros.
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