Las asociaciones de emigrantes retornados han vuelto a salir este jueves a las calles de Madrid para pedir a todos los partidos políticos un compromiso explícito con su causa, que pasa por modificar la Ley General Tributaria para que no se les exija tributar con carácter retroactivo por las pensiones que reciben de terceros países y para que se les reconozcan las invalideces y minusvalías en igualdad de condiciones.
Más de un millar de jubilados que durante años trabajaron en otros países europeos se han manifestado entre la Puerta del Sol y el Ministerio de Hacienda, pasando por delante del Congreso de los Diputados, en protesta por el cambio de criterio del Ejecutivo, que ahora les reclama los impuestos derivados de sus pensiones extranjeras de años pasados.
Aunque el departamento de Cristóbal Montoro decidió, tras anteriores protestas del colectivo, darles un plazo de seis meses para regularizar su situación sin multarles, los afectados consideran que el plazo es muy corto al tratarse de gente mayor que en muchas ocasiones ni siquiera se ha enterado de los trámites que debe seguir.
«En otros países europeos esto se está haciendo pero sin carácter retroactivo, pero aquí han aplicado la ley con toda la retroactividad posible», lamenta en declaraciones a Europa Press Pilar Burgo, presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados de Asturias, que asegura que a algunos afectados se les ha pasado el plazo y están recibiendo ahora las sanciones.
MENOS APLAZAMIENTOS
Además, afirma que aunque se ha dado marcha atrás en la imposición de multas que se aplicaron en un primer momento, Hacienda también les está poniendo muchas dificultades para solicitar aplazamientos de pago, lo que supone que jubilados con apenas 1.000 euros de pensión tienen que pagar de golpe hasta 800 euros por los últimos cuatro años.
«No podemos ser los paganinis de los chorizos que defraudan y se llevan su dinero a Suiza», ha criticado Burgo, que megáfono en mano animaba a los jubilados llegados de Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía a corear consignas como ‘Somos jubilados, no defraudadores’ o ‘No es la solución robar a la emigración’.
Otro de los problemas que se encuentra este colectivo es que el Gobierno español no convalida las invalideces absolutas reconocidas por terceros países, lo que supone que esas personas no gozan de la exención fiscal que sí tienen quienes han obtenido esa calificación en España. Y lo mismo sucede con las pensiones por minusvalía, que se ven reducidas hasta a un tercio de lo que se recibe en otros estados.
«Esto no se puede admitir. Si estamos en Europa estamos para todo, también para la igualdad. A estas personas les han partido la vida por la mitad, están desprotegidos», insisto Burgo, que avisa de que los afectados seguirán saliendo a protestar a la calle hasta que los partidos políticos se comprometan a cambiar la Ley General Tributaria y a revisar el resto de asuntos.
De hecho, tras mantener un encuentro con todos los grupos parlamentarios a final de legislatura, las asociaciones ya han sido recibidas por los candidatos de los diferentes partidos –salvo Albert Rivera y Pablo Iglesias, de los que siguen «esperando» una respuesta–, que se muestran «comprometidos» con su causa e incluso la incluyen en su programa electoral, como es el caso del PSOE.
«Pero necesitamos que todos lo hagan porque en la próxima legislatura no habrá un Gobierno de un partido, sino de varios. Por eso necesitamos que todos se comprometan», concluye la activista asturiana.
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