El fallo, consultado por Europa Press y declarado firme durante el acto de juicio, condena al acusado a seis meses de prisión así como a reintegrar las cantidades estafadas a sus víctimas, que llegaron a abonar entre 800 y 1.500 euros por cada uno de los contratos fraudulentos.
Así, se declaró probado que entre 2006 y 2007, el acusado «con la intención de obtener un beneficio económico injusto», solicitó a una de sus víctimas 4.500 euros a cambio de tres contratos de trabajo destinados a conseguir los papeles de residencia y trabajo.
Los contratos que la mujer presentó para conseguir los permisos para sí misma, su hermana y su cuñada fueron rechazados, si bien no le fueron devueltas las cuantías que abonó para hacerse con esta documentación.
En las mismas fechas, otra mujer solicitó a través de su padre un contrato de trabajo para hacerse con un permiso de residencia y trabajo, por lo que abonó 800 euros. En este caso, la solicitud también le fue rechazada, pese a lo que no le fue devuelto el dinero.
La juez accedió a suspender la pena al acusado por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir al tener en cuenta la atenuante muy cualificada de reparación de daño, ya que el hombre ingresó en la cuenta del juzgado las cantidades reclamadas. Asimismo, se tienen en cuenta unas dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se inició en 2008.
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