La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda presentada por Jueces para la Democracia (JpD) contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante «la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados» y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción.
La Sala ha admitido, además, las pruebas propuestas por la organización y ha citado como testigos a la magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ Margarita Robles, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Hugo Preciado, la magistrada decana de Lanzarote, Gloria Poyatos, y el juez de violencia de género de Madrid y miembro de JpD Javier Martínez Derqui.
El tribunal ha fijado para el próximo 3 de febrero de 2015 el acto de conciliación previo a la celebración del juicio. En caso de no llegar a un acuerdo, el juicio tendrá lugar ese mismo día, especifica el decreto hecho público este lunes.
Una demanda «sin precedentes»
La organización presentó la demanda el pasado 13 de noviembre, registrada como una demanda de conflicto colectivo «que no tiene precedentes». En ella denuncia que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ.
La asociación considera que «es momento de pasar del talante a los hechos» y recuerda en su demanda que desde el Convenio de Creación y Seguimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los miembros de la Carrera Judicial suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre de 2010 no se ha contratado un servicio para esta área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de la Carrera Judicial.
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