La reforma de la Ley de Mutuas aprobada hoy en el Consejo de Ministros refuerza, contra el criterio expresado por los sindicatos, el carácter privado de estas entidades y les mantiene competencias que han ido asumiendo a lo largo de los años (gestión de la prestación económica de IT por contingencia común, prestación por hijo enfermo, cese de actividad de autónomos), lo que parece cuestionar, de forma injusta, la capacidad, en nuestra opinión más que acreditada del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo y de los medios públicos para gestionar estas prestaciones.
El Gobierno mantiene un criterio alejado de la prevención de riesgos laborales y no acaba de fijar un compromiso firme de Seguridad Social con la financiación de actividad preventiva, a la vez que fuerza la venta o disolución de las Sociedades de Prevención adscritas a las Mutuas sin comprometer un diálogo pausado que evite perjudicar a este sector. Con el texto actual no se garantiza la calidad de los servicios, ni la estabilidad en el empleo, ni la continuidad del trabajo de aquellas Sociedades de Prevención que eran eficaces en la reducción y control de daños.
Aunque en relación a los primeros borradores del RD de gestión de la IT en los primeros 365 días, el Gobierno retira a las Mutuas la posibilidad de alta ante el silencio administrativo de los Servicios Públicos de Salud, la reforma refuerza, de forma absurda, las capacidades de control de las Mutuas desde el primer día de baja, estableciendo un procedimiento por el que pueden proponer el alta a la inspección médica del sistema público de salud y de no ser atendida esta petición en 5 días, se les abre la posibilidad de presentar recurso ante el INSS que dispondría de 4 días para resolver el expediente. Además, otorga a las Mutuas la capacidad de declarar justificada o no la incomparecencia del trabajador ante una propuesta de revisión médica por parte de la Inspección Médica del Sistema nacional de Salud, en una delegación de funciones de control que rechazamos. Todas estas modificaciones se apoyan en criterios economicistas (evitar un excesivo absentismo laboral, a nuestro juicio inexistente) apartando de las prioridades la recuperación de la salud de los trabajadores.
Es cierto que la reforma ajusta los recursos de las reservas de las que pueden disponer las Mutuas, pero se mantienen algunos conceptos indeterminados que generan dudas por el uso que se pueda hacer de estos recursos públicos gestionados por las entidades colaboradoras. Incluso su nueva denominación (Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social) no disimula que en un futuro se les pueda seguir derivando competencias públicas.
La Administración, pese a su opción por el refuerzo de las Mutuas, mantiene criterios de dirección y tutela sobre las mismas y clarifica las responsabilidades de sus Presidentes y Juntas Directivas, aunque en nuestra opinión debería haberse profundizado en esta línea de control público, máxime si se tienen en cuenta los casos de malversación de recursos en el histórico de algunas Mutuas.
En opinión de CCOO el Gobierno ha perdido la ocasión de consensuar una ley que pudiese perdurar a futuro por el establecimiento de unas bases que contasen con la aprobación de todos los implicados en este sector, tan importante, ya que estamos hablando de la salud de los trabajadores y trabajadoras.
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