El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha afirmado que quienes aportan los fondos de formación, «que son las empresas», son los que tienen «que mandar en el tema».
«Nosotros, que pagamos el 0,7%, tenemos que decidir de una manera mucho más potente de lo que lo estamos haciendo hasta la fecha, y por tanto, que quien paga, tenga mayor posibilidad de mandar en el tema», ha abundado Rosell.
En este sentido, el máximo representante de la CEOE ha añadido que «quieren estar mucho más involucrados», y que «cuantos menos intermediarios tengan mucho mejor». «Queremos hacer un uso perfecto, exquisito y absolutamente eficiente de lo que nos gastamos en formación», ha enfatizado.
«Quienes pagamos, lo que no queremos es que con ese dinero se haga un mal uso, y para eso se deben poner todo tipo de controles; pero con la clave del tema: pagamos los empresarios, queremos controlarlo los empresarios», ha concluido.
El País publica este lunes que el Gobierno quiere darle un vuelco a la formación de los trabajadores, y para ello quiere que los sindicatos y las patronales dejen de ser «juez y parte». En las primeras negociaciones, el Ejecutivo ha planteado limitar el papel de sindicatos y patronal en el nuevo sistema de formación.
«Se considera indispensable eliminar el doble papel de los agentes sociales como participantes en la planificación, programación y diseño del subsistema y, en paralelo, como ejecutores de la formación y preceptores de los fondos», señala el rotativo.
¿Cómo funciona el sistema?
En la actualidad, informa el medio, la estructura de formación se asienta sobre un sistema en el que participan el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Empleo, la Fundación Tripartita (integrada por el mismo SEPE, los sindicatos estatales UGT y CC OO y el gallego CIG, y las patronales CEOE y Cepyme) y las comunidades autónomas.
Su presupuesto total asciende a 2.125 millones, procedentes en su mayor parte de la cuota de formación que se paga en el conjunto de cotizaciones a la Seguridad Social (1.860 millones). Según El País, de este dinero, poco más de 1.100 se destinan a cursos y ayudas a parados y 953 a formación de ocupados. De todos estos recursos, 787,3 millones -todos en la parte destinada a los empleados- los gestiona la Fundación Tripartita y, de ellos, 181 millones se destinan a los cursos subvencionados.
Así, el papel de «juez y parte» de sindicatos y patronales del que habla Empleo se da en esta última parte, la estatal. Los agentes sociales participan en el diseño de los programas formativos a través de la citada fundación. Colaboran en la adjudicación de los mismos, al asesorar al SEPE en este paso a través de la misma fundación. Y, finalmente, reciben financiación para impartir los mismos cursos que han propuesto. No obstante, esto no excluye que en las autonomías los agentes sociales también jueguen un papel y reciban fondos, informa el rotativo.
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