Crue Universidades Españolas y la ONCE han firmado un convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a facilitar la participación de estudiantes extranjeros ciegos o con discapacidad visual grave en los diferentes programas educativos de movilidad internacional.
El convenio ha sido rubricado por el presidente de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, en un acto celebrado en la sede de la propia Crue, en el que han estado acompañados por otros responsables de ambas instituciones.
Los beneficiarios del presente acuerdo serán aquellos estudiantes extranjeros con ceguera total o con discapacidad visual grave, con visión asimilable a la afiliación de la ONCE, que cursen estudios en el ámbito de un programa de movilidad internacional o un convenio bilateral de movilidad que se realicen en las Universidades que forman parte de Crue y que sean atendidos por los servicios de atención a la discapacidad o diversidad con los que cuentan las Universidades.
Se trata de un “convenio muy importante”, tal y como ha asegurado Roberto Fernández, porque “si la universidad no tiene un carácter inclusivo de todos los ciudadanos y no tiene en sus filas a aquellos con capacidades distintas, la universidad no está completa”. Según el presidente de Crue Universidades Españolas, la labor de la ONCE y alguna otra organización ha permitido que “aquello que era una especie de anhelo casi imposible de pensar, que las personas con alguna ‘no capacidad’ pudieran acceder a la vida universitaria, estén en ella”. “La universidad española poco a poco va cumpliendo cada vez más con lo que es una de sus funciones sobrevenidas pero no menos importante, la solidaridad y la RSC”, ha concluido.
Por su parte, para Ángel Sánchez este convenio supone “una oportunidad de acercarnos más a la universidad, ya que gran parte de nuestros estudiantes están realizando estudios superiores, aproximadamente el 12,8%. Estamos trabajando porque los servicios de apoyo educativo cada día sean más y mejor en respuesta a nuestra intención de que cada vez más de los nuestros lleguen a disfrutar de la vida universitaria y puedan prepararse como profesionales el día de mañana. Tal y como ha explicado el director general de la ONCE, con este convenio ambas instituciones se comprometen arropar y ayudar a los alumnos que vengan de fuera y “debería ser un ejemplo de solidaridad con el que poder exigir que hagan lo mismo con los alumnos nuestros cuando estudien fuera”.
De esta manera, el convenio establece que la ONCE prestará una atención ajustada a las necesidades de estos estudiantes a través de la prestación de unos servicios que incluyen: atención educativa a adultos, asignando un maestro del equipo específico como maestro de referencia, y atención a través del servicio de rehabilitación para facilitar la movilidad en sus recorridos, así como el uso de las ayudas ópticas que adquieran en España.
Además, prestará también apoyo desde el área de Tiflotecnología (instrucción y manejo) tras valorar sus necesidades y ayudas tiflotécnicas con las que cuente el interesado.
Ofrecerá la venta desde el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) de libros, tanto en sistema Braille como sonoro, siempre que estén disponibles en su fondo bibliográfico y sonoro, al mismo precio que a los afiliados.
Fomentará también la participación en las actividades de animación sociocultural dirigidas exclusivamente a jóvenes, bajo los mismos criterios de copago y corresponsabilidad establecidos para los afiliados de la ONCE; y ofrecerá apoyo a aquellos estudiantes Erasmus o cualquier otro programa de movilidad internacional que sean usuarios de perro guía.
La ONCE asesorará, además, en materia de discapacidad visual a los voluntarios con los que cuenta en la Universidad, para que puedan atender con mayor eficacia a todo el colectivo de estudiantes con discapacidad.
El convenio tendrá vigencia durante el curso académico 2018-19 y se prorrogará en los sucesivos cursos.
Con el fin de facilitar su coordinación y seguimiento, el convenio contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos de cada entidad, que velará por el correcto cumplimiento de los acuerdos adoptados.
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