La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) calcula que en los últimos cinco años, desde 2012, no se han gastado 1.000 millones de euros de los fondos estatales dedicados a la formación, ante un menor empleo de estas partidas por la inseguridad jurídica que existe y que desincentiva a las empresas, según ha denunciado.
El presidente de la Comisión de Formación de la CEOE, José Antonio Sarría, ha señalado que el número de empresas que se acogieron a estos créditos para actividades formativas en 2016 cayó un 22% respecto a las de 2014, último año antes de la ley de reforma de la Formación para el Empleo de 2015.
El dirigente de la patronal ha ofrecido estos datos en el Congreso, donde la CEOE ha celebrado una comisión de secretarios generales este miércoles, tras la cual ha mantenido un encuentro abierto con la práctica totalidad de los grupos parlamentarios –a excepción de Esquerra Republicana, que no ha acudido– para debatir sobre el sistema de formación.
En este sentido, Sarriá ha abogado por reformar la ley vigente y solventar las «deficiencias» y «carencias» que se detectan en la actual normativa, pues considera que, a pesar de las peticiones del Gobierno para colaborar en su desarrollo normativo, aún pendiente, creen que éste está «muy dominado» por la propia legislación. «Debemos cambiar algunos aspectos de la ley», ha aseverado durante su intervención.
MÁS CONTROL: «LAS EMPRESAS SON LAS QUE SABEN»
Entre los aspectos en los que ha incidido Sarriá destaca la necesidad de dar un mayor poder a las empresas para decidir sobre la formación, la «reanualización» de los fondos para acabar con la inseguridad jurídica, la organización de las comisiones que se formen para estructurar los nuevos programas e introducir en la negociación colectiva «cambios mínimos» relacionados con esta reforma.
«No queremos estar en la ejecución de la formación, pero sí en la gobernanza del sistema, porque somos los que sabemos del sistema», ha sentenciado Sarría, subrayando que no quieren una vuelta «al sistema anterior».
Asimismo, ha recordado que tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal Constitucional han remarcado el carácter finalista de estos fondos dedicados a la formación y que la Defensora del Pueblo instó a «reanualizarlos». «El Gobierno no tiene carácter potestativo para decidir si lo hace o no», ha apostillado.
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