La Fundación Largo Caballero de UGT ha creado un grupo de trabajo para el estudio de las pensiones constituido por un conjunto de investigadores, académicos, juristas y demógrafos, según han explicado en un encuentro con la prensa el coordinador de este grupo, Cristóbal Molina, y la responsable de Seguridad Social del sindicato, Mari Carmen Barrera.
Este grupo, denominado ‘grupo de estudios sobre pensiones suficientes, Seguridad Social universal y democracia’, es una iniciativa académica multidisciplinar que surge, según Molina, de la falta de una estructura oficial de investigación sobre la Seguridad Social en España.
En este punto, ha denunciado que todos los estudios que se publican sobre pensiones «vienen de un mismo sitio»: fundaciones vinculadas a entidades financieras, cuyo objetivo final es el de impulsar planes de pensiones privados.
Molina ha señalado que este grupo de trabajo «no llega tarde», pues la reforma de pensiones en la que trabaja el Pacto de Toledo no será de la profundidad que necesita el sistema porque «no están bien identificados los problemas».
Así, ha afirmado que la demografía no es un problema para el sistema, pero sí el mercado laboral y su gran número de activos (que no trabajan y, por tanto, no cotizan al sistema). Tampoco es un problema la cantidad de dinero que tiene que dedicar el país a las pensiones, pues sólo destina un 12% del PIB, siendo uno de los países que menos invierte en esta materia.
«Queremos poner de relieve que los problema son otros y que los datos no son correctos. La idea del grupo es señalar los déficit estructurales del sistema y pedir reformas estructurales para garantizar que el sistema de pensiones siga siendo un sistema redistributivo», ha explicado Molina.
DE UNA PENSIÓN SUFICIENTE A UNA PENSIÓN MÍNIMA
Este jurista ha advertido de que la reforma de pensiones de 2013 ha introducido «dos virus» en el sistema ante los que debe inyectarse una vacuna porque, de lo contrario, dentro de unos años los españoles no tendrán pensiones suficientes, sino pensiones mínimas, equivalentes aproximadamente al 48% del salario, frente al 79% que se percibía en 2013.
Esos dos virus, ha precisado, son la desvinculación del IPC a la hora de revalorizar las pensiones y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019. «De aplicarse, España tendría un problema de pobreza para la vejez», ha alertado Molina.
Precisamente UGT está defendiendo en la mesa de diálogo social sobre pensiones la eliminación del factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones en función del IPC.
Según Mari Carmen Barrera, negociadora del sindicato en esta mesa, la negociación se encuentra ahora «en punto muerto» porque el Gobierno no quiere entrar en estas cuestiones y prefiere abordar temas «menores». «La pelota está en el tejado del Gobierno», ha subrayado.
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