23 de noviembre de 2024
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Los sindicatos acusan al Gobierno de «vulnerar» el carácter finalista de la cuota de formación

Los sindicatos acusan al Gobierno de "vulnerar" el carácter finalista de la cuota de formación

CC.OO. y UGT han acusado este miércoles al Gobierno de «vulnerar» el carácter finalista de la cuota de formación y de «infringir» la ley de formación profesional para el empleo que aprobó recientemente. 

Los sindicatos reprochan así al Ejecutivo que no se haya aprobado en el Senado una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que iba a permitir que los fondos de formación, que proceden de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, se reanualizaran, es decir, que pudieran gastarse en años siguientes en caso de no haberse agotado en el ejercicio presupuestario correspondiente. 

Según han subrayado los sindicatos, la ley que regula el sistema de formación profesional para el empleo establece la obligación de incorporar al mismo los remanentes que pudieran producirse en cada ejercicio. Sin embargo, denuncian, el PP, a través de una enmienda transaccional a los PGE de 2016 presentada en el Senado, «ha burlado esta obligación legal» al limitar la cantidad objeto de reanualización al 9% de la establecida en la ley como remanente de crédito incorporable. 

«El resultado es que cualquier cantidad presupuestada que no se gaste en el ejercicio no retornará al sistema de formación. Esta situación, de no corregirse, va a suponer que trabajadores y empresas no puedan utilizar unos fondos que provienen de una cotización para la finalidad de formarción», han reprochado. 

Los sindicatos también han lamentado que el Senado tampoco haya aprobado íntegramente su propuesta de financiación de la red de centros públicos. Así, frente a los 30 millones de euros demandados por CC.OO. y UGT, la reserva presupuestaria para formación impartida a través de la red pública de centros de formación se ha rebajado a 20 millones de euros. 

Tampoco se ha incorporado al proyecto de ley de los PGE la propuesta sindical de destinar el 1% de la cuota de formación profesional para financiar la formación que establece la ley como necesaria para que los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales desarrollen funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social.

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