La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, reunida con competencia legislativa plena, ha aprobado sin votos a favor y con las únicas abstenciones de PNV, CiU y la Entesa el proyecto de ley de reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo, que no ha recibido cambios a su paso por la Cámara Alta.
En el trámite previo en el Congreso de los Diputados, el PP aceptó introducir 49 enmiendas al texto, 38 de ellas transaccionadas con otros grupos, con el fin de conseguir el mayor consenso posible y lograr que la ley sea estable en el tiempo.
Entre los cambios introducidos, destacan los que afectan al ‘cheque formación’, al papel de los agentes sociales en el sistema, a los centros públicos formativos y a la posibilidad de que empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para facilitar su acceso a la formación.
En cuanto al ‘cheque formación’, una de las medidas que menos gusta a la oposición, el PP ha aceptado delimitarlo para evitar posibles casos de fraude, de tal manera que los desempleados podrán elegir el centro donde quieren recibir la formación y será la Administración la que se encargue de abonar al centro este cheque. Su implantación será consultada previamente con sindicatos y empresarios y, las comunidades autónomas, en Conferencia Sectorial, podrán determinar los criterios a seguir.
Respecto al papel de sindicatos y empresarios en el nuevo modelo de formación (se les retira de la gestión directa porque el sistema se abre a la concurrencia competitiva), el PP ha aceptado introducir una serie de enmiendas para destacar que tienen un rol fundamental en la formación, aunque reglamentariamente se concretarán determinados aspectos.
Por otra parte, el PP ha admitido enmiendas de varios grupos para que las empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para recibir formación y compartir así los costes, al tiempo que ha aceptado introducir una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dotar de fondos a la red de centros públicos formativos.
El PP también ha introducido una enmienda para que las comunidades autónomas puedan, dentro de una horquilla, adecuar los costes de los módulos formativos, teniendo en cuenta que los costes laborales no son los mismos en todos los territorios.
Uno de los temas a los que más importancia dieron el PSOE e IU-ICV fue la posibilidad de que los fondos de formación que no hayan sido empleados en un año puedan utilizarse en el ejercicio siguiente. En este sentido, el PP transaccionó una enmienda con el PSOE para que los remanentes de crédito al final de cada ejercicio se incorporen a los créditos de siguientes ejercicios.
La reforma del sistema de formación para el empleo persigue, según el Gobierno, mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.
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