Desde estas instituciones han recordado que «estos cursos no habilitan para ejercer ningún tipo de profesión sanitaria». A pesar de que en España existe libertad de formación, estos cursos no implican que los participantes «hayan adquirido las habilidades necesarias, ni las legales, para trabajar en el campo de la salud».
Estos cursos que se ofertan suelen tener una duración inferior de un año y en ocasiones se ofertan ‘on-line’ en especialidades prácticas como masaje, quiromasaje, acupuntura y otras prácticas que realizan los fisioterapeutas profesionales.
Además, los anunciantes prometen que tras realizar esta formación, los alumnos podrán trabajar en gabinetes privados, residencia de ancianos u otros centros, pero en realidad no les habilita para trabajar en ningún centro sanitario.
Los fisioterapeutas insisten en que para no ser tratados por personas no cualificadas que puedan agravar las lesiones o generar otros problemas, hay que exigir que la atención recibida sea impartida por un profesional sanitario.
Este aviso los realizan los colegios de fisioterapeutas en el ‘videoconsejo’ que realizan mensualmente en que, además denuncian la falta de control que existe en España en lo que respecta a las llamadas «terapias alternativas» o la «naturopatía», que abren centros en los que ofrecen servicios bajo licencias de peluquería o con epígrafes de licencia municipales de centro de naturopatía.
A fin de combatir y regularizar esta causa, en 2014 la Institución Colegial hizo 55 denuncias ante la Dirección General de Consumo, 113 por intrusismo y competencia desleal y en lo que va de 2015 ya se han tramitado 58 expedientes más.
Sin embargo, según la legislación actual, con estas denuncias se solicita una inspección por parte de la Dirección General de Ordenación e Inspección, que si lo considera oportuno, solicita la retirada de la publicidad, pero no el cese de la actividad.
Por este motivo, el CPFCM reclama a la Administración la creación de una regulación legislativa específica que controle este tipo de actividades y proteja al ciudadano que por desconocimiento o confusión, cuenta con los servicios de estos falsos profesionales.
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