El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, que finalmente será tramitado por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley para poder incorporar mejoras propuestas por la oposición, lo que ha granjeado la abstención de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD, que confían en la buena voluntad negociadora de los ‘populares’, con cuya mayoría adelante ha salido adelante el texto.
Frente a eso, los nacionalistas de CiU y PNV, y también la mayor parte del Grupo Mixto, se han opuesto a la convalidación por considerar que el texto vulnera competencias autonómicas e impone una recentralización en el diseño del modelo, dejando a las comunidades únicamente el papel de gestor de un sistema decidido desde Madrid.
Además, todos los grupos de la oposición han lamentado durante sus intervenciones que, por primera vez en Democracia, una reforma del modelo de formación para el empleo llegue al Congreso sin un acuerdo previo con los agentes sociales, y han reprochado al Gobierno que, de nuevo, recurra al decreto ley para sacar adelante la normativa.
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CURSOS
La reforma del sistema de formación para el empleo persigue, según el Gobierno, mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.
No obstante, el Gobierno no prevé asignar al nuevo sistema más recursos de los ya previstos en los Presupuestos de 2015, que ascienden a 1.600 millones de euros, tal y como se señala en la memoria de impacto que acompaña al texto y que recoge Europa Press.
Allí, el Gobierno afirma que el coste de desarrollar el nuevo sistema deberá ser asumido por las «diferentes administraciones públicas» competentes con los fondos ya previstos en los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y de las comunidades autónomas.
Con respecto al desarrollo de nuevas iniciativas –como la Cuenta de Formación, el Catálogo de Especialidades Formativas o el Registro Estatal de Entidades de Formaciones–, serán también las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo los que se encarguen de su financiación, mientras que otras medidas se cargarán a las cuentas de la Formación en el Empleo o de otras administraciones.
EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA Y LA COMPETENCIA
No obstante, el Gobierno asegura que la reforma tendrá «múltiples efectos positivos» sobre la eficiencia del mercado de trabajo, ya que «una mejor cualificación incrementa la productividad» y la empleabilidad de los trabajadores.
Algo particularmente importante dado que la formación para el empleo beneficia sobre todo a los trabajadores de menor cualificación, que suelen ser los más vulnerables y los que más riesgo tienen de caer en el desempleo.
Igualmente, el cambio en el sistema tendrá un «efecto positivo» sobre la «eficiencia» del mercado de servicios de formación profesional para el empleo gracias a la «apertura del 100% de los fondos públicos a la concurrencia competitiva», que incrementará el grado de «emparejamiento» entre trabajadores y puestos laborales, reducirá los precios y facilitará la entrada de nuevos operadores.
Además, la creación del ‘cheque formación’ «sitúa en manos del trabajador la decisión de qué proveedor se ajusta mejor a sus necesidades, tanto en términos de capacidad técnica como de oferta formativa», lo que «fomentará el esfuerzo de los proveedores por acercarse mejor a las necesidades del trabajador», confía el Gobierno.
Por último, no se espera un incremento o disminución de las cargas administrativas que recaen sobre empresas o ciudadanía con la reforma, porque las obligaciones que se introducen «no son nuevas», aunque el Gobierno sí prevé que en el desarrollo reglamentario se introduzcan «novedades con incidencia favorable sobre la reducción de cargas», al restringirse los plazos para las comunicaciones de las acciones formativas a la Administración o reducirse los requisitos documentales, entre otras cosas.
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