El Pleno del Congreso convalidará el jueves la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, que persigue una mejora de la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.
Un aspecto que ha impedido que el texto sea aprobado con consenso social. De hecho, los sindicatos UGT y CC.OO. critican que se les relegue a un papel «decorativo» y esperan que las principales carencias de la norma sean subsanadas en una eventual tramitación como proyecto de ley. Tampoco convence a la CEOE, que lamenta el escaso protagonismo que se deja a las empresas, que a la postre son las que aportan el dinero de la formación.
La norma tampoco convence a los socialistas, que creen que esta reforma llega tarde y no moderniza el sistema, sino que se trata de un mero reglamento de reparto de las subvenciones, que no ataja los problemas del sistema de formación para el empleo español a pesar de las importantes necesidades que tiene para atajar el elevado nivel de paro.
NO HABRÁ MÁS FONDOS
En el decreto ley tampoco se prevé asignar al nuevo sistema mas recursos de los ya previstos en los Presupuestos de 2015, que ascienden a 1.600 millones de euros, tal y como se señala en la memoria de impacto que acompaña al texto y que recoge Europa Press.
Allí, el Gobierno afirma que el coste de desarrollar el nuevo sistema deberá ser asumido por las «diferentes administraciones públicas» competentes con los fondos ya previstos en los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y de las comunidades autónomas.
Con respecto al desarrollo de nuevas iniciativas –como la Cuenta de Formación, el Catálogo de Especialidades Formativas o el Registro Estatal de Entidades de Formaciones–, serán también las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo los que se encarguen de su financiación, mientras que otras medidas se cargarán a las cuentas de la Formación en el Empleo o de otras administraciones.
EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA Y LA COMPETENCIA
No obstante, el Gobierno asegura que la reforma tendrá «múltiples efectos positivos» sobre la eficiencia del mercado de trabajo, ya que «una mejor cualificación incrementa la productividad» y la empleabilidad de los trabajadores.
Algo particularmente importante dado que la formación para el empleo beneficia sobre todo a los trabajadores de menor cualificación, que suelen ser los más vulnerables y los que más riesgo tienen de caer en el desempleo.
Igualmente, el cambio en el sistema tendrá un «efecto positivo» sobre la «eficiencia» del mercado de servicios de formación profesional para el empleo gracias a la «apertura del 100% de los fondos públicos a la concurrencia competitiva», que incrementará el grado de «emparejamiento» entre trabajadores y puestos laborales, reducirá los precios y facilitará la entrada de nuevos operadores.
Además, la creación del ‘cheque formación’ «sitúa en manos del trabajador la decisión de qué proveedor se ajusta mejor a sus necesidades, tanto en términos de capacidad técnica como de oferta formativa», lo que «fomentará el esfuerzo de los proveedores por acercarse mejor a las necesidades del trabajador», confía el Gobierno.
Por último, no se espera un incremento o disminución de las cargas administrativas que recaen sobre empresas o ciudadanía con la reforma, porque las obligaciones que se introducen «no son nuevas», aunque el Gobierno sí prevé que en el desarrollo reglamentario se introduzcan «novedades con incidencia favorable sobre la reducción de cargas», al restringirse los plazos para las comunicaciones de las acciones formativas a la Administración o reducirse los requisitos documentales, entre otras cosas.
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