El PP propone crear una unidad especial de lucha contra el fraude, dentro de la Inspección de Trabajo, para controlar los cursos de formación, con capacidad incluso de sancionar cualquier irregularidad en este ámbito.
Así consta en una de las propuestas de resolución que los ‘populares’ han presentado en el Congreso a resultas del Debate sobre el estado de la Nación, en la que no se hace referencia a los casos de fraude en cursos de formación que se han detectado en algunas comunidades, como Madrid o Andalucía, pero sí se plantean ideas para evitar que vuelvan a suceder.
En concreto, el texto del PP, que recoge Europa Press, no sólo aboga por favorecer la creación de esta unidad especial antifraude en el departamento de Inspección de Trabajo, sino que también apuesta por «reforzar las sanciones» ante este tipo de sucesos.
Igualmente, reclama reformar la Ley de la Inspección de Trabajo para reforzar los instrumentos de lucha contra el fraude y dotarles de mayor autonomía, en coordinación con comunidades autónomas, Fuerzas de Seguridad, Fiscalía General y tribunales de Justicia.
Responder a las necesidades de la economía
Además, el PP reclama una reforma «sistemática» de todo el sistema de formación para el empleo para garantizar la calidad en los contenidos, la concurrencia competitiva, la eficiencia en la gestión y la eficacia en los resultados, con un reparto «eficiente» de responsabilidades entre las administraciones públicas y un mecanismo «permanente» de evaluación de los resultados.
Igualmente, propone que se pongan en marcha nuevas fórmulas para favorecer el acceso a la formación para el empleo, como la cuenta-formación o el cheque-formación; y que se impulse la teleformación.
En materia laboral, se recogen las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su primera intervención en el Debate: una bonificación del 100% en la cotización por contingencias comunes de los autónomos durante un año cuando tengan que reducir su jornada para cuidar a un menor o a un mayor dependiente, siempre que contraten un sustituto; y que los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratos indefinidos que supongan creación neta de empleo no coticen, sin afectar a las futuras prestaciones de los trabajadores.
En este sentido, las propuestas van más allá y también reclaman al Ejecutivo que «sistematice y armonice las bonificaciones y las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, así como el conjunto de incentivos al autoempleo» y que ponga en marcha un Plan Especial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral y contra la Discriminación Salarial.
Medidas tributarias
En otro orden de cosas, las propuestas de resolución del PP exigen un reconocimiento expreso de la Cámara Baja del análisis de la realidad económica del país que Rajoy defendió durante el debate y que se inste al Gobierno a proseguir «con determinación» en el camino que inició hace tres años para superar los efectos de la crisis y «consolidar la recuperación iniciada y extender sus efectos a todos los niveles».
Así, el PP defiende que el «impulso reformista del Gobierno» y el «esfuerzo de los españoles» han permitido que España «supere sus dificultades» y se encuentre ya en la senda del crecimiento. Además, asegura que el Gobierno «ha puesto en marcha el mayor programa de reformas de la historia de la democracia» que han favorecido «cambios duraderos en la economía» y un cambio de modelo económico, que ha pasado de «estar basado en el endeudamiento insostenible a cimentarse sobre una producción competitiva».
Gracias a ello el sector exterior ha tenido un comportamiento «excelente», se ha realizado el «mayor esfuerzo de consolidación fiscal» de los países del G20 mientras se «aseguraba la cobertura de los servicios, el pago de las deudas a proveedores» y el poder adquisitivo de pensiones y prestaciones sociales; y el país ha «recuperado el pulso» y, con ello, su tejido productivo y su capacidad de crear empleo, que este año aumentará en medio millón de puestos de trabajo gracias a un crecimiento del PIB del 2,4%.
Por eso, el Gobierno debe mantenerse en el rumbo «siempre guiado por el interés general» y continuar poniendo en marcha medidas que transformen el modelo productivo, para que los españoles puedan «percibir cuanto antes y de la forma más intensa los beneficios derivados de los esfuerzos realizados».
De hecho, el primer paso para que los españoles noten la recuperación económica es, dice el PP, la «rebaja de impuestos» generalizada que se está aplicando, y que beneficia sobre todo a «quienes cuentan con menos».
En este sentido, aún hace falta modificar la Ley General Tributaria para que se puedan publicitar los «incumplimientos relevantes» de obligaciones fiscales y se puedan regular las sanciones en caso de «conflicto abusivo» en la aplicación de la norma tributaria –es decir, en algunos casos de fraude fiscal–, e intensificar los acuerdos de intercambio de información con otros países.
Segunda oportunidad
El partido mayoritario en la Cámara pide asimismo que se siga trabajando en la diversificación y mejora de la financiación empresarial, que el sector público contribuya a un sistema «más racional» de fijación de precios con la Ley de Desindexación, avanzar en la unidad de mercado y continuar potenciando la internacionalización empresarial y el comercio exterior, defendiendo los intereses de las empresas españolas en todos los mercados de destino.
En el caso de pymes, autónomos y familias que sufren sobreendeudamiento por causas sobrevenidas, el PP cree que es momento de aprovechar las «nuevas oportunidades» que ofrece la «recuperación económica» para que puedan «superar las consecuencias de sus proyectos fallidos y afrontar el futuro sin la losa de las deudas que no son capaces de asumir».
Para ello, piden que se mejoren los acuerdos extrajudiciales de pagos, de modo que se pueda reestructurar la deuda sin ir al concurso; pero que en todo caso ésa sea una opción a disposición de las personas naturales, que deberían quedar liberadas de sus deudas tras ejecutar las garantías y bienes, con un plazo de prescripción de la reclamación de las deudas inferior al actual, de quince años.
Igualmente, y tal y como anunció Rajoy, el PP pide reformar el Código de Buenas Prácticas bancarias para que llegue a más familias y para que todas las entidades financieras dejen de aplicar las cláusulas suelo a los titulares de hipotecas que cumplan ciertas condiciones.
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