La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha confirmado al colectivo empresarial que la reforma del sistema de formación para el empleo sacará a libre concurrencia competitiva el cien por cien de la formación de oferta, que gestiona unos recursos próximos a los 1.200 millones de euros anuales y que cambiará su denominación actual por la formación transversal o sectorial.
El anuncio se produjo el pasado martes, durante la reunión que la ministra mantuvo con el empresariado catalán en Barcelona, y a la que asistió también el presidente de la CEOE, Juan Rosell.
Un foro en el que Báñez aprovechó también para ratificar que la reforma suprimirá la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y la sustituirá por una agencia estatal de formación, bajo la dirección el Ministerio de Empleo, que asumirá las funciones de gestión, evaluación, ejecución, seguimiento y control de la oferta formativa.
Algunos de los empresarios asistentes han confirmado a elEconomista que la ministra corroboró, asimismo, que en esta agencia estatal los sindicatos y las organizaciones empresariales formarán parte del Consejo, pero participarán únicamente en el diseño de la oferta de la formación, y en modo alguno intervendrán en la gestión.
Un doble objetivo
El objetivo que pretende la ministra Fátima Báñez con esta reforma es doble: por un lado articular una oferta formativa útil, adecuada a las nuevas demandas y avances de la sociedad y del mercado laboral, que mejore la productividad y la competitividad de las empresas, y que permita la reincorporación al mundo del trabajo del mayor número de desempleados.
El segundo gran objetivo del cambio de sistema es acabar con los fraudes y los casos de corrupción como los que ya están siendo investigadas en Andalucía y en Madrid, para lo que ha decidido incorporar y aplicar a la formación los criterios de transparencia, competencia y unidad de mercado.
Este miércoles, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, anunció a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo de la patronal que el Ministerio iba a remitir el borrador de la reforma a los agentes sociales esa misma tarde, por lo que eludió pronunciarse hasta después de conocer el contenido del texto del Gobierno.
Mientras, desde el Departamento que dirige Fátima Báñez se insiste en que el Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un texto de consenso, pero que si finalmente no es posible el acuerdo la reforma se va a aprobar y no se va a ceder en los cambios esenciales planteados.
El Real Decreto Ley de Reforma de la Formación para el Empleo, que Fátima Báñez llevará a un próximo Consejo de Ministros -en principio está descartado que sea mañana viernes- incluirá también la creación de la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude en la formación, como adelantó elEconomista el pasado día 12 de este mes.
Los miembros de esta unidad serán seleccionados de entre el cuerpo de inspectores de trabajo, y el Ministerio de Empleo incluirá también en la reforma un endurecimiento de las sanciones para las empresas defraudadoras, que se añadirá a la devolución íntegra de las subvenciones bonificadas.
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