CC.OO. ha reclamado este martes al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que negocie medidas que permitan ordenar y controlar la formación de demanda que se bonifican las empresas.
Según el sindicato, el 98% de las empresas que accedieron a la bonificación de la cuota de formación, que aportan las empresas y los trabajadores, lo hicieron a través de las más de 7.800 entidades organizadoras de formación, «a las que no se exigen requisitos de inscripción, acreditación o control de calidad».
El 53% de estas entidades son centros de formación, el 15% consultoras, el 24% son empresas que no se dedican a la formación y el 7% son autónomos, que pueden cobrar hasta una cuarta parte del coste de los cursos que organizan en concepto de costes asociados o gastos de gestión. Tres de cada cuatro entidades organizadoras tienen menos de nueve trabajadores.
Todas las empresas disponen de un crédito anual para formación de sus trabajadores, cuyo importe se calcula en función del tamaño de la empresa y de la cuota de formación pagada el año anterior, con una cuantía mínima de 420 euros anuales para las micropymes de entre 1 y 5 trabajadores. En el resto de empresas, el porcentaje de aportación varía en función del tamaño de la empresa.
El crédito se hace efectivo mediante una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, previa comunicación de las características de los cursos, a través de una aplicación telemática de la Fundación Tripartita para la Formación para el Empleo. La mayoría de las tramitaciones se realizan a través de las denominadas entidades organizadoras.
La formación bonificada de las empresas gestiona actualmente en torno a 650 millones de euros anuales, con un crecimiento del 12% desde 2011, mientras que los fondos para programas de formación para el empleo se han reducido un 30% y la formación de oferta ha descendido un 54% en el ámbito estatal y hasta un 70% en las comunidades autónomas, según CC.OO.
El sindicato ha denunciado en un comunicado que la formación bonificada o de demanda, en las condiciones actuales, no cumple, en la mayoría de los casos, el papel de cualificar a los trabajadores para mejorar sus competencias profesionales y cubrir las necesidades productivas de las empresas, especialmente en el caso de las pymes.
CC.OO. entiende que los trabajadores, a través de sus representantes legales, deben poder negociar el plan de formación de su empresa y no exclusivamente ser informados del mismo por parte del empresario, tal como ocurre en la actualidad.
«En las empresas mayores de 50 trabajadores, los planes de formación deben surgir de la negociación colectiva sectorial y de la negociación en la propia empresa. En las menores de 50, deberían ser organismos bipartitos empresariales y sindicales, de carácter sectorial, los que actuaran como entidades organizadoras de la formación. Esos planes de formación y acciones formativas deberían ser impartidos y realizados en centros de formación públicos y centros privados registrados y acreditados», subraya el sindicato.
CC.OO. ha asegurado que «la obsesión del Ministerio de Empleo por introducir la libre competencia en la formación de oferta para trabajadores ocupados está conduciendo a olvidar que el mayor problema se produce en formación bonificada o de demanda, que gestiona recursos muy superiores». «Introducir racionalidad y criterios claros y transparentes de gestión en la formación bonificada mejoraría su calidad y prevendría irregularidades, fraudes y abusos», afirma.
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