CCOO ha planteado al Ministerio de Empleo que cumpla el compromiso contraído en reiteradas ocasiones sobre la reanualización de los fondos procedentes de la cuota de formación que empresarios y trabajadores aportan cada mes y que suponen una recaudación de 1.776 millones de euros en 2014.
Según Javier López, Secretario de Formación de CCOO, «cada año los fondos de formación no ejecutados no son incorporados al presupuesto del año siguiente, pese a que el Ministerio de Empleo se ha comprometido, en reiteradas ocasiones, a incorporar esta medida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si los fondos de la cuota de formación son finalistas y sólo deberían dedicarse a formación de trabajadores y trabajadoras, no se explica la apropiación por parte del Gobierno de los que no se ejecutan y que el Ministerio de Hacienda dedica a otros fines, que nada tienen que ver con la formación».
Javier López ha explicado que «este año la situación se convierte en insostenible, si tenemos en cuenta que las resoluciones de subvenciones y ayudas a la formación, publicadas la semana pasada en el BOE, incorporan la decisión de aplazar los pagos a las entidades subvencionadas, lo cual significa que de los 180 millones previstos para 2014, sólo se pagarán un máximo de 90 en este ejercicio, mientras que otros 45 se pagarían en 2015 y los 45 restantes en 2016».
Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno que «reanualice los fondos de formación que no se ejecuten cada año. La única manera de que no se pierda esa parte de los recursos aportados por empresas y trabajadores es que lo no gastado en 2014 se añada a los Presupuestos para la formación del año siguiente. Esta medida debería figurar en el proyecto presupuestario de 2015, para evitar que la cuota de formación sirva para equilibrar las cuentas del Estado, por parte del Ministerio de Hacienda».
De otra parte, Javier López ha insistido en que «la formación para trabajadores y trabajadoras, que entidades formativas, empresarios y sindicatos realizamos en el marco de la convocatoria estatal de ayudas a la formación, cuenta con los controles del Ministerio de Empleo, la Fundación Tripartita, el Tribunal de Cuentas, la Inspección y reúne todas las garantías, tal como reconocen reiteradamente las sentencias de los tribunales y del propio Tribunal Constitucional. El problema no está en estos 180 millones de euros. Los escándalos saltan allí donde no participamos en el gobierno de la formación, como ocurre en algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, con el caso Aneri, o en las acciones formativas de algunas empresas, que se bonifican directamente la cuota de formación y que no cuentan con los controles y el seguimiento necesarios».
El sindicalista ha recordado que, «gracias a nuestra presencia en los organismos de seguimiento y control de la formación, hemos alertado de casos como el de Aneri, en Madrid, el del ex-consejero Ojeda, en Andalucía, o el de empresas que realizan formación para «sus» trabajadores, sin consultar a la representación legal de esos trabajadores y transformándola en formación de sus ejecutivos, excluyendo al conjunto de la plantilla».
«Es sobre estas zonas oscuras sobre las que hay que actuar, en lugar de criminalizar a todos los empresarios, o a todos los sindicalistas, con la intención de excluirlos del gobierno de unos recursos que proceden de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras y que deben de ser dedicados, con eficacia y eficiencia y de forma exclusiva, a su formación”, concluyó el representante de CCOO.
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