El grupo de juego privado agotó el pasado 6 de febrero el plazo que tenía para la extensión de su crédito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condición que era necesaria para la ejecución de la prórroga.
En su oferta, los acreedores ofrecían una inyección de 400 millones de euros (200 millones de euros mediante un contrato de financiación senior y otros 200 millones de euros de una ampliación de capital) para pagar deudas vencidas y financiar sus iniciativas, en una reducción de su endeudamiento, que asciende a 1.039,6 millones de euros, en cerca de 365 millones y en permitir diferir en el tiempo, hasta en cinco años, futuros vencimientos.
Para ello, los bonistas, que se habían mostrado dispuestos a aceptar una quita del 35%, exigían recibir el 96,8% del capital de la sociedad, mientras que los actuales accionistas pasarían a ser titulares del 3,2%.
La oferta de los acreedores ha contado desde el principio con el rechazo del consejo de administración de Codere, controlado por la familia Martínez Sampedro, principales accionistas de la compañía con una participación del 63,7%.
De hecho, la compañía respondió con una contraoferta en la que se planteaba una nueva propuesta en la cual no se requería ninguna inyección de fondos y se recogía un periodo de carencia de intereses en los bonos emitidos en euros y dólares de 5,5 años (hasta diciembre de 2019), incorporando al monto adeudado lo debido por los cupones impagados desde diciembre de 2013.
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