Previsto que entre en vigor a lo largo de 2024, España trabaja en la nueva regulación para acabar con el fraude fiscal empresarial. Esta normativa, que se enmarca dentro de la Ley Antifraude a nivel nacional, obligará a todas las compañías y autónomos a compartir la información fiscal y contable de sus ventas con trascendencia fiscal en tiempo real con la Agencia Tributaria, con el objetivo de garantizar el cumplimiento tributario y acelerar la digitalización del tejido empresarial. Con la misión de ayudar a los negocios a realizar esta transición tecnológica, fiskaly, solución SaaS para la fiscalización y digitalización de recibos, ha desarrollado su solución SIGN ES. Acorde con las condiciones impuestas por VeriFactu, se conecta vía API con los softwares de facturación utilizados por los comercios, adaptándolos a la nueva normativa de forma sencilla y automatizada.
El producto está diseñado específicamente para las necesidades de las compañías que utilizan programas de facturación propios y de los fabricantes de software, quienes en el caso de España (y a diferencia de otros países europeos) también están sujetos a sanciones en el caso de no adaptar sus sistemas a la normativa. La solución de fiskaly también cumple con los requisitos de TicketBAI, estando certificada como software garante por las Haciendas Forales vascas. Así, la compañía ya trabaja con varios negocios de País Vasco para que puedan cumplir con las exigencias tributarias. Actualmente, la tecnología de fiskaly es utilizada en más de 600.000 puntos de venta en toda Europa.
“España está avanzando hacia una digitalización total del sistema fiscal, un propósito que comparte con otros países europeos. Detrás se esconde la necesidad de encontrar un modelo que otorgue a las autoridades tributarias una mayor visibilidad sobre las transacciones empresariales para minimizar el riesgo de contabilidad B”, explica Isabel Nogales, responsable de fiskaly España.
VeriFactu: una ley que se mira en el espejo del modelo vasco
Aún pendiente de que se concreten los detalles finales, todo apunta a que el funcionamiento de VeriFactu será similar al de TicketBAI. Ambas normativas surgen con el principal objetivo de luchar contra la evasión fiscal, como la conocida Ley Antifraude, que señala la obligatoriedad de que cualquier sistema POS (TPV en el punto de venta) incluya un software que garantice la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, y del proyecto de ley de 2022 con los primeros requisitos de los “Sistemas de Facturación Verificables”.
En la práctica esto se traduce en que las empresas tengan la capacidad de compartir en tiempo real la información relativa a sus ingresos con Hacienda, a través de un software que garantice las cualidades arriba mencionadas. Este software debe cumplir con los siguientes requisitos: crear un archivo XML para cada transacción, generar facturas encadenadas, incluir la funcionalidad de envío automático de los registros a la AEAT o la Agencia Foral y un código QR que identifique a cada factura.
“Más allá de la transparencia fiscal, estas normativas ayudan a las empresas a tener un mayor control sobre sus transacciones, y simplifican tanto la gestión interna como el cumplimiento impositivo. El modelo español es uno de los más modernos a nivel europeo; sin embargo, también es muy complejo. Se han anunciado varias iniciativas distintas prácticamente al mismo tiempo, lo que puede estar generando cierta incertidumbre entre las empresas. Con SIGN ES les aportamos la tranquilidad de estar cumpliendo con la ley independientemente de donde tributen. Además, nuestra tecnología se actualiza ante cualquier novedad regulatoria que pueda surgir”, concluye.
Aunque considerará las particularidades legislativas de Canarias, Ceuta y Melilla, la norma VeriFactu será aplicable a todo el territorio español y coexistirá con TicketBAI y el sistema SII (Suministro Inmediato de Información). En caso de incumplimiento se contemplan sanciones tanto para el contribuyente – 50.000€ al año – como para la empresa desarrolladora/distribuidora de software – 150.000€ por cada año en que se hayan realizado ventas y por cada tipo de sistema informático objeto de la infracción.
Cargando ...
