25 de septiembre de 2024
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Las empresas desafían la nueva Ley de Telecomunicaciones con las llamadas de marcación automática

¿Qué compañeros de trabajo han decidido desconectar el teléfono ante el volumen de trabajo que tenían?
  • La nueva Ley General de Telecomunicaciones prohíbe las llamadas publicitarias sin permiso previo, pero surge un nuevo problema con los consentimientos sin fecha de caducidad emitidos al cambiar de compañía, que permite a las empresas seguir con las llamadas no deseadas.
  • Según la Organización de Consumidores y Usuarios, se está produciendo un elevado incumplimiento en las llamadas comerciales, con sólo un 33% de los casos en los que se identifican a los responsables detrás de las mismas.

La entrada en vigor del artículo 66.1.b de la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe el spam telefónico al establecer que las llamadas publicitarias requieren del previo consentimiento del cliente o consumidor. Sin embargo, se produce una laguna legal al no abordar las llamadas automatizadas, advierten desde Somos Conexión, la primera cooperativa de telecomunicaciones de España.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque la normativa ya está en vigor, persiste un elevado incumplimiento en las llamadas comerciales, con sólo un 33% de los casos en los que se identifican a los responsables detrás de las mismas, y eliminar los datos de las personas sólo es posible en menos de un 10% de las llamadas.

“Para dejar de recibir estas llamadas, es necesario que cada persona interesada comunique a cada empresa de telefonía que ejerce su derecho de oposición, bajo la protección del Reglamento europeo de protección de datos (RGPD)”, explica Bernat Alcolea, responsable de gestión económica y área comercial de Somos Conexión, de Somos Conexión.

No obstante, según Alcolea, la complejidad del proceso “hace que la mayoría de los usuarios terminen discutiendo con los teleoperadores en lugar de ejercer este derecho frente a quien realmente tiene la responsabilidad, bien por falta de tiempo, conocimientos o motivación”.

Las operadoras telefónicas, responsables del 47% de las llamadas no deseadas

El cambio legislativo debería poner fin al spam telefónico que, de acuerdo con la OCU, predomina entre los operadores de telefonía (47%), energía (30%) y en el sector financiero (15%). Aunque la normativa debería cumplirse por parte de todos estos sectores, la realidad es distinta.

Es por ello que empresas como Google utilizan la Inteligencia Artificial para filtrar las llamadas no deseadas, muchas de ellas hechas con sistemas de marcación automática, y es que la Ley General de Telecomunicaciones no contempla esta práctica.

“Si bien la nueva normativa mejora la protección de datos y los derechos de los consumidores, aquellas compañías con una falta de valores éticos y empresariales continúan con sus prácticas invasivas”, critican desde Somos Conexión.

Desde la Lista Robinson hasta los servicios de oposición, la última baza para frenar el spam

Para Alcolea, las instituciones públicas deben dar un paso más para frenar el spam del telemarketing. “Más allá de la legislación, las empresas deben asumir una responsabilidad proactiva en el uso de la tecnología para proteger al cliente. Si a pesar de expresar la negativa a recibir publicidad seguimos recibiéndola, es importante poner una reclamación en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos”, añade.

En el caso que las empresas continúen con las viejas prácticas, los clientes aún pueden acceder a la Lista Robinson para evitar publicidad por parte de las comercializadoras. Por su parte, Somos Conexión también ha creado un servicio de oposición publicitaria gratuito para que los usuarios comuniquen el derecho de oposición a todas las empresas a la vez y reiterarlo en el tiempo.

Por ahora, el servicio es un proyecto piloto para trabajadores y familiares para eliminar las llamadas publicitarias y proteger los datos personales, brindando una experiencia telefónica más tranquila y segura. Aunque la iniciativa se encuentra en su fase inicial, la entidad prevé abrirlo a socios y no socios.

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