Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el porcentaje medio de compañías de Europa que opta por empresas de gestión de impagados cuando alguno de sus clientes se retrasa en el abono de facturas es del 17%, frente al 19% de España.
Sin embargo, todavía hay muchas empresas que optan directamente por otras medidas como la vía judicial (62%) o implantar procesos de recuperación internos (22%).
El 46% de las empresas españolas estaría a favor de la introducción de una nueva legislación para resolver el problema de los retrasos en los pagos.
Los impagos son uno de los mayores desafíos económicos para el sector empresarial. De hecho, según datos de la Comisión Europea, más del 60% de las empresas de la Unión Europea sigue sin cobrar a tiempo sus facturas, una situación que afecta especialmente a las pymes y que requiere de acciones inmediatas que eviten que ese retraso se convierta en una deuda permanente.
Una de las soluciones más efectivas es apoyarse en compañías especializadas en gestión de impagados, encargadas de ofrecer un servicio profesional a lo largo de todo el proceso de recuperación (fase amistosa y judicial), lograr los mejores resultados y consolidar la relación con el cliente, permitiendo, además, que la empresa pueda enfocarse en lo más importante: el impulso de su negocio. En este sentido, según el Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, actualmente, 1 de cada 5 empresas (19%) españolas apuesta por este apoyo y asesoramiento.
A nivel europeo, el porcentaje de organizaciones que contempla esta solución es del 17%. Por su parte, de entre los 29 países encuestados, Suiza (24%), Portugal (22%) y Bélgica (21%) son las naciones donde más empresas optan por una gestión profesional, mientras que Austria (12%), Estonia (12%), Grecia (11%) y Croacia (10%) son los países con el menor número de entidades que optan por esta alternativa.
A pesar de la efectividad de esta medida, todavía hay otras muchas empresas que deciden no recurrir a la intermediación profesional y emprenden ellos mismos el proceso de recuperación, ya sea apostando por la vía judicial directamente o llevando a cabo procesos de recobro internos.
Así, tal y como refleja el estudio elaborado por Intrum, a la hora de reaccionar ante un impago, la vía judicial es la alternativa más utilizada. De hecho, el 62% de las organizaciones españolas opta directamente por tomar acciones legales cuando experimenta retrasos por parte de un cliente, un porcentaje que está cinco puntos por encima de la media europea (57%) y que sitúa a España como el tercer mercado de Europa con el porcentaje más alto de compañías que toman directamente medidas judiciales, solo por detrás de Francia (65%) y Polonia (63%). Por el contrario, Irlanda, Serbia, Reino Unido (las tres con un 51%) y Bulgaria (49%) serían los países donde menos empresas utilizan esta medida.
Asimismo, como segunda alternativa más elegida, el estudio de Intrum muestra que el 22% de las empresas españolas también opta por implementar procesos de recuperación interna, una cifra que asciende al 29% en el caso de la media europea.
Las compañías quieren soluciones para revertir los retrasos en los pagos
La introducción de una nueva legislación sería, en este caso, la alternativa favorita del entramado empresarial para conseguir solucionar el problema de los impagos: según el Informe Europeo de Pagos, el 46% de las empresas estaría a favor de impulsar una regulación más efectiva.
No obstante, tal y como muestran los datos de Intrum, esta no sería la única medida que contaría con el visto bueno de las compañías, proponiendo también otras soluciones como fijar las condiciones de pago por ley (42%), una mayor transparencia alrededor del comportamiento de pago corporativo (32%) o mejorar la aplicación de la legislación vigente (30%).
Por tanto, la necesidad de introducir mejoras en la regulación contra los impagos es una opinión común entre empresas e instituciones. En este sentido, la Comisión Europea está trabajando en una actualización de su normativa sobre morosidad, que actualmente se encuentra en la fase de consulta pública, con el objetivo de promover un cambio definitivo hacia una cultura empresarial de pagos sin demoras.
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