Unauto, patronal de los vehículos con conductor (VTC), UGT, y las empresas Cabify y Vector Ronda Teleport, firmaron este miércoles un acuerdo «por la calidad del empleo y una movilidad sostenible» en el sector de las VTC.
La firma del acuerdo, que contó con la presencia de Eduardo Martín, presidente de Unauto; Miguel Ángel Cillero, secretario general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT; y Juan de Antonio, consejero delegado de Cabify; supone la creación de «un espacio sinérgico en pro de la defensa de los intereses de sus profesionales y empresas asociadas con el fin de protefer el derecho de los conductores a trabajar con libertad y seguridad y el de la ciudadanía a elegir su opción de movilidad más adecuada».
En este sentido, para el presidente de Unauto, el acuerdo supone «el principio» para impulsar la economía y el empleo en el sector, mientras que Cilleros defendió el papel de UGT y su labor de defender los derechos de «todos los trabajadores». Así, Cilleros indicó que su sindicato continúa «defendiendo los derechos de los trabajadores del taxi» y que «hay espacio para convivir» por parte de taxis y VTC.
Por su parte, Juan de Antonio aseguró que este es el primer acuerdo que «mira al futuro de este sector» y que su objetivo es garantizar «la calidad del empleo de los conductores».
Sobre las critica al sector, el presidente de Unauto, defendió que «no hay precariedad» en el sector de las VTC y que no existen falsos autónomos. Además, explicó que empresas como Cabify son «empresas tecnológicas» que no tienen contratados conductores, sino que estos prestan sus servicios a otras empresas.
En esta línea, el representante de UGT apuntó que los conductores de VTC son trabajadores y «no tienen culpa de las cuestiones de caracter gubernamental». «Son trabajadores ejerciciendo su legitimo derecho al trabajo y no tienen por qué sufrir las consecuencias», indicó, en referencia a los problemas surgidos durante el mes de julio en ciudades como Madrid y Barcelona entre los conductores de VTC y los taxistas.
Así, en el documento los firmantes señalan que comparten «la preocupación por la incertidumbre regulatoria en la que se encuentra el sector y, más particularmente, por el impacto negativo que podría tener, en la actualidad, la atomización entre las diferentes comunidades autónomas así como la ausencia de una política de Estado».
Este punto del acuerdo hace referencia a la decisión por parte del Gobierno de aprobar la semana que viene, en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre, un real decreto ley que permitirá que las comunidades autónomas puedan asumir la gestión de las licencias VTC, tal y como garantizó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a principios de agosto para solucionar la crisis que generaron en ciudades como Madrid y Barcelona las huelgas convocadas por los taxistas.
Desde entonces los taxistas reclaman que se cumpla la proporción 1/30 para que sólo exista una licencia VTC por cada treinta de taxis. Para ello, el Gobierno anunció que cedería la gestión de estas licencias a las comunidades con el objetivo de que puedan decidir en función con mayor proximidad a las necesidades de cada región.
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