La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha respaldado este jueves -por un estrecho margen de 13 votos a favor y 10 en contra- otorgar nuevos derechos a los accionistas de las empresas cotizadas para que puedan pronunciarse, en una votación que tendrá carácter vinculante, sobre los sueldos de los directivos.
El objetivo de esta iniciativa, que fue propuesta por la Comisión en abril del año pasado, es evitar decisiones cortoplacistas y acabar con las discrepancias entre salarios y resultados de la empresa. El texto final todavía debe negociarse entre la Eurocámara y los Gobiernos de los 28.
En concreto, la norma permitirá a los accionistas votar al menos cada tres años la política de salarios de los directivos de la empresa. Esta política deberá detallar criterios claros para la adjudicación de la remuneración fija y variable, incluyendo todos los bonus y los beneficios, así como los principales términos contractuales, incluyendo los sistemas de pensión complementaria o prejubilación. No obstante, los eurodiputados han eliminado la exigencia de que la política de remuneración recoja el sueldo máximo.
Los eurodiputados han añadido disposiciones que no estaban en la propuesta original de Bruselas que obligarán a las grandes empresas a publicar información, país por país, sobre beneficios y pérdidas antes de impuestos, impuestos pagados, subvenciones recibidas y posibles acuerdos tributarios con algunos Estados miembros (tax rulings).
Asimismo, el Parlamento ha insertado nuevos artículos que obligarán a los Estados miembros a introducir mecanismos que premien a los accionistas de larga duración, que permanezcan al menos dos años. Estos mecanismos podrán consistir en derechos de voto adicionales, incentivos fiscales o dividendos y acciones de lealtad.
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