El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha presentado este viernes una proposición no de ley que han registrado en el Congreso que aboga por reducir las 5,5 millones de horas extra que se hacen semanalmente en España, lo que permitiría crear 137.315 puestos de trabajo.
«Es escandaloso e insoportable socialmente que se hagan 5,5 millones de horas extra mientras hay la misma cifra de parados» y que un 60% de éstas no se paguen, ha lamentado en rueda de prensa, tras culpar de esta situación a la reforma laboral aprobada por PP y CiU.
Por ello, en la proposición no de ley piden limitar el número de horas extra que se puedan realizar en un año, que tengan una retribución no inferior al 175%, y modificar la regulación legal del contrato a tiempo parcial con el objetivo de que el contrato de trabajo establezca el número de horas contratadas –ordinarias y complementarias– y el horario laboral, entre otros aspectos.
También piden que el Ministerio de Empleo, en coordinación con las comunidades con competencias en relaciones laborales, impulse desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una campaña para vigilar el cumplimiento de la legalidad en todos los aspectos relacionados con el trabajo y su distribución, especialmente la realización de horas extraordinarias.
«Hay que actuar ante este fraude de las empresas» así como implementar medidas que incentiven desde el poder político la conversión de las horas extra en nuevos puestos de trabajo o la conversión de contratos a tiempo parcial a tiempo completo, ha recalcado.
Según Coscubiela, sólo reduciendo a la mitad las 5,5 millones de horas extra semanales se podrían crear 68.657 puestos de trabajo o convertir 121.060 de carácter parcial a tiempo completo.
Así, apuestan por que la realización continúa y estructural de horas extraordinarias cuando se tiene un contrato a tiempo parcial conlleve la «obligatoriedad» de convertirlo a completo o en uno cuya jornada corresponda a las horas realmente trabajadas.
Ofensiva laboral
La iniciativa legislativa se enmarca en una ofensiva de ICV en materia laboral y de empleo, y que les ha llevado a presentar otra proposición no de ley en el Congreso que insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de seis meses un proyecto de ley para promover el derecho a un trabajo digno.
La proposición incluye 50 ejes sobre los que trabajar sobre la base inicial de la necesidad de «revertir» la reforma laboral vigente, y que ahonda en capítulos como la Formación Profesional y los contratos formativos, los diferentes tipos de contratación, la clasificación profesional, el salario, la libertad sindical y el despido, entre otros.
Además, han presentado otra proposición no de ley sobre «el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española» de la Carta Social Europea para obligar al Gobierno a asumir sus resoluciones, y una proposición de ley para la reforma de la vigencia temporal de los convenios colectivos del Estatuto de los Trabajadores, tras asegurar que ha caído en picado el número de trabajadores que se han quedado sin convenio colectivo.
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