La Asamblea General Electoral de la CEOE se reunirá mañana en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para elegir al que será su presidente durante los próximos cuatro años, en medio de la necesidad de limpiar la imagen de la organización tras los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a la patronal.
Los dos únicos candidatos a la Presidencia, el actual presidente, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, llegan a esta fecha clave con una buena bolsa de apoyos.
Sólo los resultados de los avales presentados por ambos podrían arrojar cierta ventaja en favor de Rosell, quien ha presentado 304 de ellos, aproximadamente el 40% de los votos en juego (768 vocales), frente a los 25 de Garamendi.
No obstante, éste último se ha limitado a presentar los avales necesarios para poder formalizar su candidatura –20 procedentes de organizaciones distintas–, mientras que Rosell parece haber hecho una demostración de fuerza.
En cualquier caso, muchas organizaciones miembro de la CEOE ya han mostrado públicamente su apoyo a uno de los dos candidatos, aunque el voto será «personal y secreto». Entre las patronales que apoyan a Rosell se encuentran Fomento del Trabajo, CEIM, Cierval y Faconauto.
Además, Rosell ha recibido recientemente el respaldo del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), organización que representa a las mayores empresas del país, a través de su presidente, César Alierta, presidente a su vez de Telefónica.
Por su parte, Garamendi ha recibido el apoyo de organizaciones empresariales como Confemetal, la Confederación Nacional de la Construcción y Confebask. Además, es presidente de Cepyme, que pone sobre la mesa más de 80 vocalías. En varias cartas enviadas a los votantes, el empresario vasco ha insinuado que está habiendo «presiones» sobre el electorado para que apoye a Rosell y ha insistido en la «limpieza» de su campaña.
DOS PROGRAMAS Y UNA PRESIDENCIA
Rosell y Garamendi acuden a las elecciones con sendos documentos de propuestas cuyo encabezado ya marca de entrada dónde pone el acento cada candidato. El de Rosell se titula ‘CEOE 2015-2018: Futuro y propuestas concretas’, en el ánimo de lograr un nuevo mandato que le permita cerrar los proyectos de modernización y de renovación interna iniciados en estos cuatro últimos años. Garamendi encabeza su programa con el lema ‘De nuevo. Independencia, ética y transparencia’, dejando claro que lo que ofrece es la vuelta a la prestigiosa CEOE del pasado.
Una vez en el detalle, parece que la batalla por la Presidencia de la CEOE se libra en lo que se refiere a la política interna de la Confederación, en primera línea tras los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a algunos de sus miembros, como el de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, en el que se ha visto implicado el vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, y el de los supuestos cobros ilegales del expresidente de Cepyme, Jesús Terciado.
En este ámbito, Rosell, al igual que Garamendi, quiere que todas las organizaciones refrenden y se apliquen el Código Ético y de Buen Gobierno que ya afecta a la cúpula de la patronal. Sin embargo, su contrincante insiste en que, para empezar, es necesario que este código deje de ser meramente «estético».
Por otro lado, Rosell apuesta por «seguir simplificando la estructura» de CEOE, especialmente en el campo administrativo. En este punto, Garamendi no pone límite a las vicepresidencias y quiere más visibilidad para los miembros de las CEOE, con la idea de que la Confederación esté más presente en la sociedad.
En otro orden de cosas, Garamendi ha acusado a Rosell de haber desarrollado una gestión opaca al frente de la CEOE y apuesta por mayor transparencia de cara a los miembros de la Confederación y al exterior también.
Rosell se defiende y dice que se debe debatir en comisiones y órganos de Gobierno todo lo que sea menester, pero que «las decisiones estratégicas, una vez definidas, ni se pueden radiar ni pueden ser asamblearias».
El empresario catalán también carga contra otra de las acusaciones de Garamendi sobre la supuesta pérdida de capacidad de influencia de la Confederación: «No hay disposición legal en que CEOE y sus organizaciones no tengan nada que decir ni sobre la que no se manifieste». En este apartado, Garamendi apuesta por una CEOE más transparente, más independiente y con mayor grado de participación en la toma de decisiones.
¿QUÉ PASARÁ CON LA PRESIDENCIA DE CEPYME?
Otro de los asuntos en los que difieren ambos candidatos es en la Presidencia de Cepyme, que actualmente ha asumido Garamendi tras la renuncia de Terciado. Rosell cree que de salir victorioso en las elecciones habría que volver a someter a consulta esta elección, mientras que Garamendi ha sido claro al respecto: «Si pierdo contra Rosell no dejaré la Presidencia de Cepyme, porque son temas independientes que no tienen nada que ver».
Ahora bien, Rosell quiere que CEOE y Cepyme sean complementarias y conseguir que la organización de autónomos CEAT sea «plenamente representativa», al igual que Garamendi hace hincapié en que CEOE sea una organización volcada en el pequeño empresario, que es el que mayoritariamente engrosa el tejido empresarial español.
COINCIDEN EN PEDIR MODERACIÓN SALARIAL Y SUELDOS FLEXIBLES
De puertas para fuera parece que hay más coincidencias entre los candidatos. Ambos creen que es preciso ir más lejos con la reforma laboral y apuestan por un marco de relaciones laborales más flexible. El actual presidente de la CEOE aboga por incrementar el número de horas extraordinarias y al mismo tiempo por potenciar los salarios variables con objetivos definidos.
Su contrincante también es un defensor de la flexibilidad salarial en función de la productividad y, como Rosell, en un escenario inmediato, en plena negociación para renovar el pacto de rentas para los años 2015-2016, apuesta por seguir en la senda de moderación de los salarios.
Rosell llama además a simplificar modalidades de contratos, a aligerar su tramitación y a adaptar mejor la jornada laboral y el reparto funcional del trabajo a las necesidades de la empresa.
Garamendi, por su parte, cree en la utilidad de la contratación temporal y a tiempo parcial y señala que reducir las modalidades contractuales «sin motivo» puede suponer una «incomodidad» para las empresas.
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