El Gobierno prevé subir las pensiones un 0,25%, el mínimo exigido por la última reforma, con carácter anual hasta 2017, en línea con la revalorización aplicada en 2014, y estima que el conjunto de cambios introducidos en el sistema en 2013 ahorrará, de modo ascendente, desde los 574 millones de euros en 2014, hasta más de 1.000 en 2017.
Así lo indica en la actualización de Programa de Estabilidad para los años 2014-2017 remitido a Bruselas, en el que precisa que, con la introducción del factor de revalorización de las pensiones «generará un incremento de las mismas en un 0,25% durante todo este periodo».
La reforma de las pensiones modificó ya desde 2014 la normativa para revalorizar anualmente las pensiones, de forma que se suprimió su indexación al IPC para evitar excesivos incrementos en tiempos de crisis. Así, estableció un umbral mínimo de revalorización del 0,25% y otro máximo del 0,50% sobre la inflación, en función de la marcha de la economía.
De este modo, el Gobierno prevé atajar el gasto del sistema de pensiones, puesto que sólo para 2014 las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para 2014 de 112.103 millones de euros, un 5,4% más que en 2013, estimado en función del incremento del colectivo y de la variación de la pensión media, y contanto ya con una revalorización media del 0,25%.
Además, el Programa de Estabilidad apunta que la Seguridad Social prevé encontrar otras vías de ahorro en 2014 y 2015 para aliviar el déficit del 1,1% del PIB con el que el sistema cerró el año 2013.
En primer lugar, el Gobierno cita la modificación del cómputo de las bases de cotización, que pasan a incluir ciertos pagos en especie, como los cheques restaurante, ayudas al transporte o coches de empresas, así como el alza de las bases de cotización de trabajadores autónomos.
Asimismo, la Seguridad Social está preparando el paso del sistema de autoliquidación de las cotizaciones a uno de liquidación abierta en el que la Tesorería General calculará las cuotas. Por otro lado, el Ejecutivo se refiere también a la supresión de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) durante ocho días en los supuestos de extinción de contratos indefinidos por causas económicas, así como a la reforma de la Ley de Mutuas.
El efecto esperado de estas medidas se estima en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales cuando estén todas en vigor, con un mínimo de 2.000 millones de euros en 2014 y 1.000 millones en 2015. De este ahorro, en 2014 se prevén 1.000 millones por el lado del gasto, que se suman al impacto de las medidas laborales ya previstas y en marcha desde el programa anterior, de 327 millones.
Asimismo, otros 1.000 millones de euros procederán en 2014 de unos mayores ingresos en la Seguridad Social sumados también a los previstos por las medidas aplicadas en 2013, descontado el efecto negativo presupuestario de la tarifa plana el primer año. En 2015, todavía se espera que las medidas tengan impacto, en particular el cambio en el sistema de liquidación, que necesita tiempo de implantación.
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