El 81% de las empresas españolas sigue sin cumplir los preceptos incluidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada en noviembre de 2013, según ponen de manifiesto un estudio elaborado por la consultora Leialta, especializada en el asesoramiento en la tramitación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La ley en cuestión establece que todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a reservar un 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, un requisito que incumplen a día de hoy el 81% de las empresas españolas, según pone de relieve Javier Martinez, socio de Leialta.
El estudio también pone de relieve los beneficios que la ley prevé para las empresas que cumplan esta norma y que, por tanto, están dejando de aprovechar la mayoría del tejido empresarial. Estos beneficios alcanzan el 75% de los gastos laborales por cada empleado, de modo que una empresa de 40 trabajadores, con un sueldo medio de 15.000 euros podría llegar a un ahorro total de 230.000 euros en un mes.
Compromiso social de los empresarios
Además de los beneficios económicos que prevé la ley, el estudio destaca en especial el beneficio social que supone la integración laboral de las personas con discapacidad. Como se pone de manifiesto en el estudio de Leialta y según los últimos datos de que se dispone, la tasa de paro de las personas con discapacidad activa supone el 32% del total, ocho puntos superior a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad. Además, el 60% están dentro del colectivo de ‘desempleados de larga duración. La crisis ha agudizado esta situación, duplicando en pocos años el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad hasta llegar a la situación actual en la que sólo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad activa.
A la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala una o más barreras a la hora de encontrar empleo, frente al 60% de las personas sin discapacidad. Los principales impedimentos que se encontrarían, el 56,7% de las personas con discapacidad señala motivos de salud o enfermedad, un 54% apunta la falta de oportunidades, en un 32,6% la falta de cualificación o experiencia y en un 29,1% las limitaciones en las actividades básicas.
Ante estas cifras, casi uno de cada seis trabajadores con discapacidad pertenece al colectivo de trabajadores pobres, esto es, son trabajadores que residen en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza.
El Centro Especial de Empleo como vía para la inserción laboral
La ley para la integración de las personas con discapacidad pone al servicio de las empresas un herramienta fundamente para conseguir empleo para este colectivo y ayudar a las empresas a cumplir con la obligación. Esta opción que se ofrece es la creación de un Centro Especial de Empleo (CEE), entidad que funciona como una empresa en sí misma y que se ocupa del reclutamiento y selección de las personas con discapacidad para su incorporación al mundo laboral.
Las empresas por tanto tienen la opción de crear un CEE presentando un proyecto ante la administración de su comunidad autónoma o recurrir a uno de estos centros para contratar al número de empleados que necesite para cumplir con el 2% obligatorio. Esta segunda opción es especialmente interesante para las pymes, cuyo tamaño y número de empleados no hace factible la creación de su propio CEE.
La constitución de un CEE debe estar avalada por las comunidades autónomas y cumplir una serie de requisitos como contar con un 70% de empleados con una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% (reconocida oficialmente) y presentar un plan de negocio que contemple beneficios desde el primer año.
La acreditación como CEE supone que la empresa está exenta de pagar la Seguridad Social de sus empleados, puede llegar a recibir una bonificación de hasta 375 euros mensuales por empleado y disfrutará de una rebaja en el Impuesto de Sociedades. Además, ante un empate en cualquier concurso público, el CEE sirve como desempate.
Según los datos recogidos por Leialta, los CEE están canalizando la mayor parte del empleo que se genera en el sector de personas con discapacidad, el 710% de estas contrataciones se hace desde un CEE, según los datos disponibles. En cuanto a las tareas más representativas, el sector servicios concentra casi la totalidad del empleo que se genera. De acuerdo a los últimos datos de que se dispone, el 14,17% de los nuevos contratos suscritos con personas con discapacidad se formalizaron en la actividad económica de servicios a edificios y actividades de jardinería, seguido de servicios sociales sin alojamiento, con el 9,96% y con un 5,41% las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas englobando casi un 30% del total de nuevas contrataciones.
La evolución de los CEE ha sido creciente, pasando de los 289 centros de empleo que se crearon en 1991 hasta llegar a los 2.215. En cuanto a la distribución de los mismos, Cataluña, Andalucía, Madrid y País Vasco son las comunidades autónomas que en términos absolutos tienen un mayor peso en la contratación de empleados con discapacidad en sus centros especiales de empleo.
El número de beneficiarios de ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad era de 82.847, siendo en su mayoría para el mantenimiento del puesto de trabajo a través de CEE en 64.079, seguidos de los beneficios de unidades de apoyo en 16.430. El gasto medio por beneficiario de las ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad es de 3.164,3 euros, destinando aproximadamente 262 millones de euros a estas ayudas por parte de las administraciones españolas.
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