La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, trasladará en su próximo informe anual a las Cortes Generales la negativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a seguir su recomendación de que suprima el incentivo económico a las agencias privadas de colocación por informar de irregularidades cometidas por desempleados.
A partir de la denuncia realizada ante su oficina por la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet), la Defensora del Pueblo recomendó el pasado mes de febrero al Ministerio que eliminara dichos incentivos al considerarlos una «retribución indebida», que prima una acción «que no constituye intermediación laboral».
Tras recibir dicha recomendación, Empleo remitió un informe a la Defensora del Pueblo en el que defiende la legalidad del papel dado a las agencias de colocación y los incentivos económicos que recibirán por informar de irregularidades.
«El Ministerio considera que esta retribución es coherente con las previsiones legales y las obligaciones de las agencias y de los trabajadores beneficiarios de prestaciones y, ante todo, evita un reparto asimétrico del riesgo en la labor de intermediación», afirma la Defensora del Pueblo en el último escrito remitido a Andet y al que ha tenido acceso Europa Press.
En vista de la defensa que hace Empleo de estos incentivos, Becerril ha comunicado a Andet que finaliza la tramitación de su queja, pero que toma de la misma para su inclusión en el próximo informe anual a las Cortes Generales, «en el que se pondrá de manifiesto que, siendo posible una solución positiva al asunto planteado, ésta no se ha conseguido por la actitud contraria de la administración competente a poner en práctica la resolución recaída en su día».
En dicha resolución, la Defensora del Pueblo entendía que este incentivo a las agencias de colocación «pervierte el sentido de la norma», pues convierte «en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad».
En el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las agencias privadas de colocación, se establecía que éstas percibirán un incentivo «por resolución de irregularidades» consistente en el pago de hasta el 15% de lo que le correspondería por insertar en el mercado laboral al desempleado encomendado, siempre y cuando a consecuencia de la información proporcionada por la agencia durante la prestación del servicio se inicie un procedimiento que concluya en la imposición al parado de una sanción.
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