El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de 341.350 procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que «podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social».
Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social’, que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press.
Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación.
NO SE SABE SI SON RECAÍDAS
De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros 4.329 procesos derivados de contingencias profesionales.
A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores «no fue debidamente contrastada ni validada», lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.
Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que «resta eficiencia al control de los procesos» y al pago de las prestaciones correspondientes.
DEDUCCIONES EMPRESARIALES
De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene «ningún control» sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que «puede suponer pagos indebidos» para el organismo, tal y como demuestra el informe.
No en balde, se detectaron al menos 14.340 deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de 742.283 euros.
Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones «por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social». En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar 1.648 bajas las empresas correspondientes se dedujeron «indebidamente» más de un millón de euros, y «existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada», señala el informe.
POCO CONTROL INCLUSO CON DATOS
De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un «grave defecto de control interno».
Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran 1.185 millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron 627.141 euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de 226.750 euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación.
Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta 110.114 de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control.
«Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios centrales», advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no cuando era un saldo favorable a la empresa.
En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de 107.198 euros.
Los retrasos en la tramitación de las disconformidades presentadas por los trabajadores también suponen un coste para la Seguridad Social, que debe seguir abonando la prestación mientras se resuelve el caso, lo que sólo en la Dirección Provincial de Madrid supuso un perjuicio económico de más de 65.600 euros entre 2011 y 2012.
Por todo ello, el tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la información, evitar errores y deficiencias en la transmisión de datos y lograr un control más eficiente de las bajas temporales.
Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social debería establecer controles informáticos adecuados sobre las deducciones, y compartir información con el INSS para poder controlar mejor las deducciones indebidas.
PAGOS EXCESIVOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió «indebidamente» casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora.
En concreto, se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía, 17.918 euros a Aragón, 1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413 euros a Murcia, 206.262 euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros a Castilla-La Mancha, 3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos.
Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado «muy superior a la media nacional», lo que lleva al Tribunal a pensar que «la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales».
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