RRHH Digital La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, han firmado este lunes un convenio de colaboración, que permitirá a la Inspección de Trabajo tener acceso a los datos de los notarios para combatir el fraude en materia de empleo irregular.
En un comunicado, el departamento de Báñez indica que este convenio se enmarca en el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado el 27 de abril de 2012, y supone un «paso importante» en la lucha contra el fraude social.
A través de este convenio, el Consejo General del Notariado pone a disposición de la Inspección de Trabajo toda la información de la que dispone, de tal manera que se establecen los procedimientos telemáticos precisos entre ambas instituciones para agilizar la recepción y el suministro de la información del Índice Único informatizado, tras las solicitudes concretas que la Dirección General de la Inspección de Trabajo.
De esta forma, la Inspección de Trabajo podrá acceder «de modo rápido y eficaz» al contenido de todos los documentos que reflejan los actos jurídicos en los que hayan intervenido los notarios. Así, Empleo obtendrá información como la referente a la composición de órganos de administración de sociedades, la intervención en compraventa de acciones y participaciones sociales, la constitución de hipotecas o apoderamientos y, en general, información para determinar la efectiva titularidad y gestión de las empresas.
INVESTIGACIÓN FRAUDE COMPLEJO
Con el acceso a estos datos, se facilita la investigación de supuestos complejos de fraude, tales como los constituidos por las denominadas empresas ficticias, y se favorece la inspección de los casos de derivación de responsabilidad por deudas a la Seguridad Social cuando se produzcan sucesiones empresariales o para declarar la existencia de grupos de empresas no transparentes.
Para posibilitar este acceso a la información de los notarios, se ha modificado el artículo 9 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de la ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que se configura, según Empleo, como un «instrumento trascendental» para luchar contra las conductas fraudulentas.
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