Un millón ochocientos mil euros. Una cifra cercana a los dos millones que la Unión Europea ha destinado de forma directa a la crisis de los cayucos, es el coste que el Ministerio de Interior ha invertido en «derivar» a la Península a cerca de 12.000 inmigrantes en lo que va de año.
El secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, ha reclamado que en la comparecencia parlamentaria del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Gobierno aclare, entre otros asuntos, el coste que han supuesto para las arcas del Estado los traslados de inmigrantes a la Península.
El dato, celosamente guardado por el Gobierno, es el resultado de un cálculo generoso basado en los 24.000 euros (cuatro millones de las antiguas pesetas) por día y con un máximo de dos trayectos que, según fuentes consultadas por ABC, supone el alquiler diario de un avión de la compañía que habitualmente realiza los trayectos entre la Península y Canarias.
Partiendo de este dato (con el que discrepa la Confederación Española de Policía, que estima en 96.000 euros su coste, partiendo de las cifras que obran en su poder referidas al mismo concepto para un vuelo de repatriación entre Canarias y Mali), los 12.000 inmigrantes derivados a diferentes Comunidades de la España peninsular habrían embarcado en 150 vuelos desde Canarias.
Si los vuelos se hubieran realizado a razón de dos por día, -en jornadas anteriores Interior ha llegado a fletar hasta cuatro vuelos al día- el montante total de la operación sería de 1.800.000 euros en lo que llevamos de año.
La cifra indicada no incluye, sin embargo, el coste del dispositivo necesario para hacer viable un viaje, principalmente de seguridad y otros traslados por tierra.
Esta misma semana, el portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, ofrecía a los países africanos inversiones de Canarias para la formación de los tutores de los centros y fondos para la propia construcción y manutención de los recintos a condición de que aceptasen la repatriación de los menores que actualmente acoge la Comunidad.
Al margen de las razones humanitarias que arguye el Ejecutivo autonómico, el coste por menor y año para la Comunidad asciende a 30.000 euros, lo que multiplicado por los 670 menores inmigrantes que albergan los centros habilitados de las Islas, supone una cifra superior a los 12 millones de euros, un montante muy superior al que contemplan los convenios ofrecidos a terceros países.
Sin financiación europea
Todas las administraciones y partidos que se han pronunciado sobre la inmigración coinciden en señalar que el económico es el coste menor de una crisis que se cobra vidas y cambia la estructura de las ciudades donde recala. Sin embargo, el coste financiero es una consecuencia directa que hasta la fecha financia España en su totalidad, mientras la UE da la espalda al Gobierno de Zapatero en respuesta a la actitud idéntica del Ejecutivo español a la hora de poner en marcha un proceso de regularización masiva de cuyas consecuencias desconfiaba Europa.
España asume este y otros costes derivados del fenómeno migratorio, como son la manutención y organización de los centros de retención de Canarias y otros de la Península en los que, comparten responsabilidad con las ayudas que ofrecen algunas ONG e instituciones privadas.
http://www.abc.es/20060827/nacional-nacional/gobierno-gasta-euros-cada_200608270249.html
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