El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó 119,6 millones de euros en prestaciones en los cinco primeros meses del año, lo que supone un incremento del 32,05% respecto al mismo periodo de 2005, según datos del Ministerio de Trabajo a los que tuvo acceso Europa Press.
Del total abonado hasta mayo, 102,4 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia, y 17,1 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 32% en ambos casos.
Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.
Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Hasta el 31 de mayo, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 12.066 empresas (un 9,1% más que en el mismo periodo de 2005) y a 32.496 trabajadores (un 17,8% más).
CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA, LAS PRIMERAS
Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron la mayor parte de los pagos realizados por el Fogasa hasta mayo. Así, en Cataluña el desembolso fue de 39,2 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 20,7 millones.
Por detrás figuran Madrid (12,6 millones de euros), Andalucía (8,4 millones), Galicia (7,5 millones), País Vasco (6,7 millones), Castilla y León (5,5 millones), Castilla-La Mancha (3,5 millones), Canarias (3,3 millones), Aragón (2,17 millones), Asturias (2,14 millones), Navarra (1,6 millones), Extremadura (1,5 millones), y Baleares (1,4 millones).
A continuación figuran Cantabria (1,3 millones de euros), Murcia (1,06 millones), La Rioja (384.800 euros) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que sumaron entre ambas 98.000 euros.
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